Con 14 votos a favor, 2 en contra y una abstención, el Consejo Permanente convocó al órgano de consulta de un pacto de defensa nacido en la Guerra Fría. Washington lo impulsa como herramienta jurídica; Brasil, Uruguay y México advierten sobre sus riesgos.

11/21/2026. El Consejo Permanente de la OEA adoptó el viernes 20 de noviembre una decisión con 14 votos a favor, dos en contra (Brasil y Uruguay) y la abstención de Bahamas. El resultado reactiva un instrumento que durante décadas estuvo prácticamente dormido y reabre el debate sobre cómo debe responder el hemisferio al crimen organizado transnacional.
¿Qué es el TIAR?
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, también conocido como Tratado de Río, se adoptó en 1947. Establece que, ante una amenaza a la paz del continente, el órgano de consulta debe reunirse de inmediato para acordar medidas de defensa común y de mantenimiento de la paz. Su artículo 8 permite desde romper relaciones diplomáticas y económicas hasta interrumpir comunicaciones y emplear la fuerza armada.
Hoy lo integran 19 países, todos miembros de la OEA. México no es uno de ellos: denunció el tratado en 2002 y, por tanto, no pudo votar. Eso explica por qué no se votó entre los 35 miembros de la OEA, sino solo entre los Estados parte del tratado.
¿Por qué se pidió activarlo?
La solicitud llegó el 17 de noviembre. Doce de los 19 firmantes pidieron a la presidenta del Consejo Permanente convocar al órgano de consulta para tratar el crimen organizado y el terrorismo. Los 12 países son Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Estados Unidos.
El argumento central, recogido en la resolución, es que los grupos delictivos implicados en el tráfico transnacional de drogas y en el terrorismo amenazan la gobernanza democrática y la soberanía nacional, por lo que haría falta una acción individual y colectiva.
La iniciativa tiene antecedentes recientes. En septiembre, Estados Unidos y otros 14 gobiernos acordaron impulsar un mecanismo de seguridad colectiva contra los cárteles mediante el TIAR. En Chile, el tema se vincula con el llamado «Escudo de las Américas», al que el país se adhirió y que ha generado críticas internas.
Hay además una razón de método. Un analista citado en la cobertura de la activación del TIAR en 2019 (por la crisis venezolana) explicó que la estrategia de Washington de insistir en este tratado se basa en que, al ser menos países que los de la OEA, es mucho más fácil llegar a un consenso.
Quiénes votaron a favor
El respaldo reunió 14 votos a favor. Los doce países que firmaron la solicitud forman el núcleo del bloque. Las fuentes consultadas no detallan el nombre de los otros dos Estados que sumaron su voto, por lo que esta nota no los identifica.
Estados Unidos defendió su postura en la sesión. Su representante señaló que el TIAR es una herramienta jurídica que sirve para coordinar respuestas entre los Estados. Chile, por su parte, subrayó que el texto excluye expresamente el uso de la fuerza armada y se limita a posibles acciones diplomáticas, jurídicas o de otro carácter no militar.
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Quiénes se opusieron
Brasil y Uruguay votaron en contra. Uruguay planteó, entre otros argumentos, que la aplicación del TIAR excluye a buena parte de los países de la OEA de este abordaje. Bahamas se abstuvo.
México, sin derecho a voto, fue el crítico más enfático. Su representante, Alejandro Encinas, pidió no establecer un vínculo automático entre crimen organizado y terrorismo, por tratarse de fenómenos distintos con marcos jurídicos propios. También sostuvo que la OEA ya cuenta con instancias de cooperación, como la Secretaría de Seguridad Multidimensional y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.
En el plano interno, el legislador chileno Gonzalo Winter exigió explicaciones al gobierno. Sostuvo que Chile se adhirió en secreto y a espaldas del Congreso al Escudo de las Américas con el propósito de activar el TIAR.
El punto más delicado: ¿fuerza militar sí o no?
La resolución es explícita en un punto. Los cancilleres deberán examinar posibles medidas diplomáticas, jurídicas u otras acciones que no impliquen el uso de la fuerza armada. Aun así, persisten reservas. Un despacho de la AFP advirtió que esa alianza no excluye explícitamente, en términos generales, el uso de fuerzas armadas contra los cárteles que Estados Unidos considera terroristas. El límite rige para esta ronda de consultas, no para el tratado en su conjunto.
Qué viene ahora
- Reunión de cancilleres. Debe celebrarse dentro de los próximos 75 días, en la sede de la OEA o en otro lugar que se determine después.
- Rol provisional del Consejo Permanente. Hasta esa reunión, puede actuar provisionalmente como órgano de consulta.
- Umbral de decisión. Según el tratado, las decisiones del Órgano de Consulta requieren dos tercios de los votos de los Estados participantes. Sobre el papel, el bloque promotor está en esa franja, pero cualquier medida concreta tendrá que negociarse.
- Batalla de definiciones. La discusión sobre el término «narcoterrorismo» será clave, porque de ella depende el alcance de las medidas.
- Lectura de precedentes. En 2019, la activación del TIAR por Venezuela derivó en reuniones de cancilleres y sanciones no militares, pero no en una acción armada.
La votación revela más una fractura política que una ruptura jurídica. Para los promotores, el TIAR ofrece un marco más ágil que la OEA completa. Para sus críticos, ese mismo atajo deja fuera a países clave y, al fusionar narcotráfico y terrorismo, ensancha el margen para medidas de mayor alcance. Lo que se decida en los próximos 75 días mostrará si el tratado funciona como foro de coordinación diplomática o si es el primer paso de una estrategia de seguridad regional más dura.
Redacción DHH sobre lectura de notas periodísticas.
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