Asi lo reconoció el ministro del Interior, Juan Zapata después de que la violencia hiciera que 13 reclusos perdieran la vida en dos cárceles entre el pasado viernes y este domingo.

Ecuador se encuentra inmerso en una de las peores crisis de violencia en la historia del país, especialmente en el universo penitenciario. La muerte ha vuelto a enseñar su rostro desolador, luego de que trece reclusos perdieran la vida en dos cárceles durante el fin de semana pasado.

Doce de ellos fallecieron en el penal El Litoral de Guayaquil, donde las autoridades recuperaron el control después de violentos enfrentamientos entre internos que conmocionaron a la sociedad ecuatoriana. Desde 2021, las luchas entre bandas de narcotráfico en las cárceles han provocado 431 muertes.

La situación ha escapado del control de las autoridades debido al accionar de grupos relacionados con el narcotráfico. Los últimos incidentes comenzaron como una riña entre integrantes de las bandas Los Tiguerones y Fatales, pero las disputas territoriales entre bandas de narcotráfico han trascendido de los barrios a las cárceles. Parte de esos grupos están relacionados con carteles mexicanos como el de Sinaloa. La situación en los centros de reclusión ha motivado la visita al país de una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fines de 2021.

Puedes leer: Nueve muertos en ataque armado en Ecuador.

Cuatro meses después, la delegación hizo públicas sus conclusiones, donde se recomendó al Gobierno modificar sus políticas criminales y penitenciarias y reducir la población en las cárceles con la aplicación de la prisión preventiva de forma excepcional.

La CIDH llamó a su vez a que el Estado garantice el fortalecimiento institucional del régimen penitenciario y asegure «condiciones de detención compatibles con la dignidad humana».

Para Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador, el actual presidente Guillermo Lasso ha hecho caso omiso a esas sugerencias, señalando que «si el Estado no tiene el control de los centros, ni siquiera puede ejecutar su política pública de rehabilitación social». La ola de violencia no solo se limita a las cárceles, sino que también se ha extendido a las calles.

El diario El Comercio de Quito señaló que «el pánico se está instalando en el país. No hay día en que muchos se horroricen con los diferentes videos y fotografías de asesinatos, robos, secuestros».

La crisis penitenciaria y de seguridad ocurre en un momento en que la oposición intenta llevar adelante un juicio político por peculado contra el presidente Lasso. El mandatario ha dicho que la iniciativa no prosperará y que se debe a su lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

En conclusión, la violencia en las cárceles de Ecuador ha llegado a niveles preocupantes. Las recomendaciones de la CIDH para solucionar esta crisis han sido ignoradas por el Gobierno, mientras que la sociedad se enfrenta a una ola de violencia que se ha extendido más allá de los muros de las cárceles. La situación ha provocado una sensación de pánico en el país, mientras que la crisis política ha agregado más incertidumbre al panorama.

Redacción DHH sobre información de EUROPA PRESS

Síguenos en nuestras redes:

Telegram: dehablahispana

Instagram: @dehablahispana

Facebook: dehablahispana

Twitter: @dehablahispana1

Página web: www.dehablahispana.com