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CUBA: EL PAÍS MÁS AGRESOR CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA.

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Cuba fue calificada como el país con más agresiones a la libertad de prensa en América Latina durante el 2021, según el reciente Informe Sombra de la Red Voces del Sur (RVS), con un total de 1 129 alertas de violaciones a este derecho, reseña el portal web CubaNet.

En el caso de Cuba los casos analizados fueron recopilados por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

En el documento se denuncia que el régimen de Miguel Díaz-Canel “nunca ha mostrado un compromiso serio con las libertades fundamentales”, sino que ha dado continuidad al “proyecto político autocrático, violento y profundamente antidemocrático que se ha cimentado en más de 60 años”.

Según precisa el informe, las 1 129 alertas reportadas por el ICPL durante el pasado año, representan un aumento del 228 % con respecto al 2020. De estas, el 66 % corresponde a detenciones arbitrarias, el 22 % a restricciones de Internet y el 7 % a agresiones y ataques.

“El Estado, a través de fuerzas como la policía o agentes de seguridad, es el principal agresor de las personas periodistas, con una abrumadora mayoría del 99 % de las alertas registradas. Las alertas de detenciones arbitrarias aumentaron un 425 %”, expone el texto.

En referencia a las protestas populares del 11 de julio de 2021 (11J), la Red Voces del Sur señala que en el marco de esta manifestaciones ocurrieron al menos 50 detenciones de personas periodistas y trabajadoras de medios.

La organización destaca los casos del reportero Lázaro Yuri Valle Roca, detenido desde el 15 de junio de 2021, por los presuntos delitos de desacato y propaganda enemiga; y del influencer Yoandi Montiel (El Gato de Cuba), quien cumple una condena de dos años de privación de libertad, también por “desacato”.

“El clima reiterado de acoso a periodistas que se ha mantenido, provoca tendencias de autocensura y exilio sin precedentes, que son difíciles de cuantificar. Las represalias también se dieron de otras formas. A nivel institucional, se dan cambios en el marco jurídico, para facilitar y justificar el actuar de las fuerzas estatales en instancias como las detenciones arbitrarias”, indica el documento.

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