La Fiscalía General de Colombia abrió una investigación por presuntas escuchas ilegales a dos trabajadoras domésticas –entre ellas, una niñera- de la jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, en el último giro de un caso “aberrante” que indaga si hubo abuso de poder de la funcionaria y que ha sacudido al gobierno del país andino.

02/06/2023. Un escándalo en apariencia doméstico terminó salpicando a dos fichas claves del gobierno izquierdista: la mano derecha de Petro, Laura Sarabia, y Armando Benedetti, el poderoso político que lo apoyó en campaña y hoy es embajador en Venezuela.

“Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas”, escribió anoche Petro en su cuenta de Twitter .

Antes, consultado sobre el tema, Petro había dicho “que investiguen todo lo que quieran” y defendió la utilización de las pruebas de polígrafo, como la que usaron sobre la niñera: “Se hacen desde hace años por la seguridad de la presidencia”.

Este viernes por la mañana, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, confirmó que la funcionaria presentó su carta de renuncia apenas se desató el escándalo. “Presentar una carta de renuncia no significa reconocer ningún tipo de responsabilidad, sino asumir una actitud políticamente responsable para que el Presidente no se sienta atado si tiene que tomar una decisión”, dijo.

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Laura Sarabia y Armando Benedetti se van del Gobierno

Durante una ceremonia de ascenso a subtenientes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, confirmó la salida de sus funcionarios Laura Sarabia y Armando Benendetti de su Gobierno.

“Mientras se investiga, mi funcionaria querida y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno para que desde el poder que se puede tener desde esos cargos no se pueda tener sin siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación, que no nos corresponden a nosotros, les corresponden a las autoridades competentes”, dijo

El hurto de dinero

Todo comenzó a finales de enero cuando, según se supo el pasado sábado por una publicación de la revista Semana, a Marelbys Meza la acusaron de hurtar un maletín con una suma no precisada de dinero de la casa de Sarabia.

Según la versión de Meza, cuando Sarabia supo del hurto, miembros de la seguridad presidencial la trasladaron a un edificio situado frente a la Casa de Nariño donde la interrogaron y sometieron a pruebas polígrafo sin una orden judicial.

Hasta ahí, el escándalo era por el posible abuso de poder por parte del Estado para tratar de esclarecer un asunto particular, pero de repente los reflectores apuntaron hacia Benedetti, quien según reveló el periodista Daniel Coronell, podría estar detrás de la denuncia de Meza, en un episodio de “fuego amigo” en el Gobierno.

Benedetti fue uno de los primeros aliados que encontró Petro fuera de la izquierda en 2021, cuando lanzó su candidatura presidencial, y se le atribuye gran parte de su éxito electoral, por lo cual se convirtió en figura poderosa en el Gobierno, que, ante los casos judiciales que le persiguen y una fama de persona poco confiable no le guardó un puesto de ministro, pero lo designó embajador en Venezuela.

La conexión con el embajador

Tras la denuncia de Meza surgió la conexión de Benedetti con el caso, revelada en W Radio por Coronell, según la cual el embajador podría estar detrás de las revelaciones de la exniñera, que también cuidó a los hijos del embajador, como consecuencia de un choque entre ambos por cargos en el Gobierno.

Según esa versión, Benedetti quiere dejar la embajada en Caracas y le pidió a Petro el Ministerio de Defensa, lo que no aceptó el presidente, y Sarabia, su antigua subalterna, “le ofreció el Ministerio del Interior o la Cancillería, a pesar de que ambos cargos ya estaban ocupados”.

Benedetti regresó esta semana a Bogotá para reunirse con Petro y, mientras el país esperaba los resultados de ese encuentro, la revista Cambio reveló que Meza no solo fue interrogada sin orden judicial sino que su teléfono fue interceptado por la Policía, que usó como fachada una operación contra la banda criminal del Clan del Golfo en el departamento del Chocó.

Esa versión la corroboró el fiscal general, Francisco Barbosa, quien dijo en una rueda de prensa que en los próximos días se tomarán “decisiones judiciales” en este caso que consideró “no solamente aberrante desde el punto de vista judicial, sino que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia, que es la violación de derechos humanos”.

Paradójicamente, Petro cuando estaba en la oposición fue un feroz crítico de las interceptaciones ilegales hechas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y conocida en el país como “chuzadas”.

Redacción DHH con información pública de EFE

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