La tensión en Nicaragua alcanza un nuevo nivel con el allanamiento de la residencia de los sacerdotes jesuitas a cargo de la Universidad Centroamericana (UCA), que fue clausurada recientemente por la Justicia nicaragüense bajo el control del gobierno sandinista.

08/20/2023. El medio digital Confidencial informa que la «Policía del régimen y funcionarios del Poder Judicial» ocuparon la residencia Villa Carmen en Managua este sábado, expulsando a todos los sacerdotes a cargo.

La UCA, uno de los centros de estudios privados más prestigiosos en Nicaragua, ha sido blanco de la atención del gobierno. Según Confidencial, los sacerdotes jesuitas mostraron a las autoridades las escrituras que demostraban que la residencia no es propiedad de la UCA, pero sus argumentos fueron ignorados y se les ordenó abandonar la casa con todas sus pertenencias.

Este allanamiento ocurre en medio del cierre de la UCA y la cancelación de su personalidad jurídica, decretada por el Ministerio de Gobernación y publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Además, se ha ordenado el decomiso de los bienes muebles e inmuebles de la universidad, alegando que la UCA estaba involucrada en actividades de «terrorismo» y organización de «grupos delincuenciales».

La UCA, en respuesta, ha negado categóricamente estos señalamientos infundados por parte de las autoridades. La universidad, cuyo rector era el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López, decidió suspender sus actividades académicas y administrativas debido a estas medidas extremas.

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El conflicto entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica nicaragüense también se ha intensificado. La semana pasada, las cuentas bancarias de la UCA fueron congeladas y sus propiedades fueron inmovilizadas. Además, el Centro de Mediación de la universidad perdió su acreditación, lo que ha exacerbado aún más las tensiones entre ambas partes.

La situación en Nicaragua es motivo de preocupación para la comunidad internacional, ya que plantea interrogantes sobre la libertad académica, los derechos humanos y el respeto a las instituciones educativas y religiosas en el país. A medida que la situación se desarrolla, la comunidad internacional sigue de cerca los eventos en Nicaragua, con la esperanza de que se encuentre una solución pacífica y respetuosa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Redacción DHH con informacion pública de larepublica.co/

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