La jueza Sandra Liliana Heredia dictó una sentencia de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, marcando un hito en la historia política y judicial del país. El fallo, de más de mil páginas, lo declara culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal, delitos que sacuden los cimientos del uribismo y reconfiguran el tablero político colombiano.
08/01/2025. La decisión, aunque apelada por la defensa, ordena el traslado inmediato del exmandatario a su finca en Llanogrande, Antioquia, donde deberá cumplir la condena bajo estricta vigilancia. La jueza argumentó que la ejecución anticipada de la pena busca evitar la percepción de impunidad y preservar la convivencia ciudadana.
Este proceso, iniciado en 2018 por la Corte Suprema, gira en torno a presuntas maniobras para manipular testigos que lo vinculan con el paramilitarismo. Tras renunciar al Senado en 2020, Uribe pasó de ser investigado por la Corte a enfrentar juicio en la Fiscalía, que intentó sin éxito cerrar el caso.
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Durante 67 días de audiencias, desfilaron testigos clave como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, cuyas declaraciones cimentaron la condena. Aunque absuelto de uno de los cargos menores, el veredicto lo inhabilita para ejercer funciones públicas por más de ocho años y le impone una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos.
La defensa, encabezada por el penalista Jaime Granados, anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá. Pero el impacto simbólico ya está hecho: por primera vez, un expresidente colombiano enfrenta una condena penal efectiva, y lo hace desde la comodidad vigilada de su hacienda.
Redacción DHH sobre lectura de agencias
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