Lo que alguna vez fue calificado como una imposibilidad absoluta y una muestra de debilidad, hoy se ha convertido en la única balsa de salvación para un régimen acorralado. La reciente Ley de Amnistía General anunciada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, no es el resultado de una súbita epifanía democrática, sino el capítulo final de una narrativa de soberbia que terminó por romperse bajo el peso de la presión internacional y la captura de la cúpula gobernante.
01/30/2026. Durante años, figuras clave como Diosdado Cabello vociferaban con arrogancia que en Venezuela «no va a haber ley de amnistía, ni conciliación ni reconciliación». Hoy, ese mismo discurso ha sido tragado por la realidad de un brazo torcido por Washington.
De la soberbia al abismo: El eco de Petro y el clamor de las ONG
Durante años, figuras clave como Diosdado Cabello vociferaban con arrogancia que en Venezuela «no va a haber ley de amnistía, ni conciliación ni reconciliación». Hoy, ese mismo discurso ha sido tragado por la realidad de un brazo torcido por Washington.
La ruta hacia este perdón obligatorio comenzó a trazarse fuera de los muros de Miraflores. Apenas en diciembre de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había lanzado una propuesta que en su momento pareció caer en oídos sordos: una amnistía general y un gobierno de transición como la única salida real a la crisis venezolana. Petro advirtió que la defensa de la soberanía no podía basarse en «represiones ineficientes» ni en «cárceles del alma», sino en una revolución democrática que incluyera a «todos y todas». Mientras el Palacio de Miraflores ignoraba estas sugerencias, organizaciones como Foro Penal ya señalaban que el camino correcto para unificar a la población era, precisamente, un gesto de libertad sin condiciones ni «trucos».
El contraste es demoledor. Mientras el Ejecutivo venezolano aseguraba ciegamente que el país estaba «libre de presos políticos» y que los detenidos solo respondían por «terribles hechos punibles», la realidad mostraba una cifra de casi 900 personas tras las rejas por motivos ideológicos. La insistencia de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) fue clara: no hay transición posible sin reconciliación, y no hay reconciliación sin la liberación de quienes fueron capturados, especialmente tras el fraude denunciado en las elecciones de 2024.
Washington dobla el brazo: El fin de las «cárceles del alma»
El punto de quiebre definitivo no fue diplomático, sino operativo. La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación de los Estados Unidos a principios de enero de 2026, dejó al sector oficialista sin margen de maniobra. Fue en este estado de absoluta vulnerabilidad que Delcy Rodríguez, ahora en un rol de presidencia interina, se vio forzada a ceder ante las demandas de la Casa Blanca. Lo que antes era una burla hacia la oposición, se convirtió en un mandato urgente: impulsar una ley que cubra todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta el presente.
Esta amnistía, que según analistas ha sido ordenada por la administración de Donald Trump, busca borrar las causas judiciales de cientos de ciudadanos que aún permanecen bajo medidas cautelares, como prohibiciones de salida del país y regímenes de presentación. Aunque el decreto excluye delitos comunes como homicidio o narcotráfico, su alcance es un reconocimiento implícito de la persecución política sistemática de las últimas décadas. Incluso los sectores más radicales del chavismo, representados por Diosdado Cabello que antes juraba intransigencia, se han visto obligados a aplaudir la medida por instrucción externa.
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El panorama prospectivo sugiere que este paso, aunque coaccionado, abre la puerta al diálogo político encomendado a Jorge Rodríguez para buscar una transición que la comunidad internacional lleva meses exigiendo. La amnistía no es un regalo del poder, sino un sistema que entendió, demasiado tarde, que la democracia no se defiende con cárceles, sino con legitimidad.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.
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