¿Amnistía para la libertad o amnistía para la impunidad? El dilema de la ley de reconciliación en Venezuela

Artículo de opinión de la Dra. Luz Neira Parra, sobre el manejo que da la Asamblea Nacional de Venezuela sobre la ley de amnistía general para presos políticos.

02/08/2026.

La llamada Ley de Amnistía impulsada por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo se presenta como un gesto largamente esperado en un país exhausto de cárceles políticas, expedientes amañados y libertades condicionadas. En el discurso oficial, la norma busca “sellar la paz” y abrir un ciclo de reconciliación nacional. En la práctica, sin embargo, la propuesta despierta más preguntas que certezas y deja un regusto amargo: el de una amnistía que parece pensada tanto para liberar víctimas como para blindar responsables.
El contexto no es menor. La iniciativa surge de una Asamblea cuya legitimidad es cuestionada por amplios sectores del país y de la comunidad internacional, presidida por Jorge Rodríguez, figura central del aparato político chavista y hermano de Delcy Rodríguez, quien hoy ejerce el poder ejecutivo. Es decir, la ley nace del mismo entramado que durante años negó la existencia de presos políticos y defendió un sistema judicial utilizado como instrumento de persecución. Ese origen condiciona inevitablemente la lectura del texto y la desconfianza que lo rodea.
Formalmente, la ley reconoce algo que el poder había evitado admitir: que en Venezuela ha habido detenciones por razones políticas desde 1999. El solo reconocimiento ya es un quiebre discursivo relevante. También es cierto que, en un país donde la excarcelación ha dependido históricamente de gestos discrecionales, una ley ofrece un marco jurídico que, al menos en teoría, podría acelerar liberaciones y dar mayor previsibilidad a quienes hoy siguen presos o procesados por motivos políticos. “Algo es algo”, dicen muchos familiares, con la cautela de quien ha aprendido a no celebrar antes de tiempo.
Pero el problema comienza cuando se examinan los silencios y las ambigüedades. La ley excluye de manera expresa delitos graves como violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, tortura, homicidio o corrupción. En abstracto, esa exclusión se alinea con estándares internacionales. En la Venezuela real, sin embargo, la pregunta clave no es qué excluye la ley, sino quién decide qué delito entra en cada categoría. En un sistema judicial que no ha sido depurado ni reformado, donde fiscales y jueces han actuado como engranajes del poder político, la frontera entre delito político y delito común puede convertirse en una línea maleable, trazada según conveniencias.
Aquí aparece el mayor temor: que la amnistía termine siendo una puerta trasera para la impunidad. No necesariamente por lo que la ley dice, sino por lo que no garantiza. No hay en el texto mecanismos claros de justicia transicional, ni comisiones de verdad, ni rutas de reparación para las víctimas. No se establece cómo se investigarán los abusos ni cómo se evitará que responsables de torturas, tratos crueles o detenciones arbitrarias se beneficien, directa o indirectamente, del clima de perdón general. En un país donde la tortura ha sido documentada de forma sistemática por organismos internacionales, la ausencia de estos elementos no es un detalle técnico: es una falla estructural.
Otro vacío significativo es el alcance real de los beneficiarios. La ley no garantiza una amnistía automática e integral. Su aplicación queda en manos de tribunales y fiscalías que siguen siendo los mismos que dictaron condenas y medidas cautelares contra opositores, activistas y militares disidentes. Además, no se contempla de forma clara el levantamiento de inhabilitaciones políticas, la eliminación de prohibiciones de salida del país ni la anulación de procesos abiertos que funcionan como espada de Damocles sobre los excarcelados. La experiencia reciente muestra que muchas liberaciones llegan acompañadas de condiciones que vacían de contenido la libertad recuperada.

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A esto se suma la ausencia de una política clara hacia el exilio. Miles de venezolanos perseguidos por razones políticas permanecen fuera del país sin garantías de retorno seguro. La ley no aborda de manera explícita esta realidad ni ofrece certezas jurídicas a quienes, aun sin estar presos, siguen siendo víctimas de la persecución. Tampoco deroga leyes represivas que han servido de soporte legal a la criminalización de la disidencia. La amnistía, así planteada, parece actuar sobre las consecuencias más visibles sin desmontar las causas profundas.
El proceso de discusión agrava estas dudas. El debate ha sido rápido, opaco y poco participativo. No ha existido una deliberación pública amplia ni una consulta real con víctimas, organizaciones de derechos humanos o expertos independientes. El texto completo no ha circulado de forma transparente, y las promesas de liberaciones masivas contrastan con la lentitud y selectividad de las excarcelaciones que ya se vienen produciendo. En las afueras de las cárceles, las familias oscilan entre la esperanza y el escepticismo, conscientes de que en Venezuela las leyes suelen decir una cosa y el poder hacer otra.
En el fondo, la ley de amnistía condensa una paradoja profundamente venezolana. Por un lado, representa un reconocimiento tardío de un daño y una posibilidad concreta de aliviar sufrimientos inmediatos. Por otro, nace sin un compromiso creíble con la verdad y la justicia, y bajo la sombra de un poder que podría estar legislando pensando también en su propio futuro. La sospecha de que el chavismo esté construyendo un paraguas legal para protegerse mañana no es paranoia: es una lectura lógica en un país sin antecedentes de rendición de cuentas.
La amnistía, para ser un verdadero instrumento de reconciliación, debería ser el inicio de un proceso más amplio, no su sustituto. Sin reformas institucionales, sin depuración del sistema judicial y sin un pacto explícito de no repetición, corre el riesgo de convertirse en un gesto táctico, útil para aliviar presiones internas y externas, pero incapaz de cerrar las heridas abiertas durante más de dos décadas.

Entre el alivio inmediato y la justicia pendiente, Venezuela vuelve a moverse en una zona gris. Celebrar la libertad de cada preso es un imperativo ético. Renunciar a la exigencia de verdad y responsabilidad, no. La historia latinoamericana está llena de amnistías que prometieron paz y dejaron impunidad. La pregunta que queda en el aire es si esta será distinta o si, una vez más, la reconciliación será invocada como coartada para el olvido.

Artículo de opinión de la investigadora y Dra. Luz Neira Parra para DHH.