La amnistía que nadie esperaba: los héroes del Zulia ante una reconciliación inconclusa

Artículo de opinión de la Dra. Luz Neira Parra, sobre el anuncio de una ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela.

02/01/2026.
El anuncio de una ley de amnistía general para presos políticos, propuesto ayer por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha sido presentado como un gesto de reconciliación nacional tras la abrupta salida de Nicolás Maduro del poder. En el discurso oficial, la amnistía aparece como un puente hacia el reencuentro, una manera de cerrar ciclos y dejar atrás la persecución política que marcó al país durante más de dos décadas. Sin embargo, vista desde el Zulia, esta ley no puede leerse como un simple acto de clemencia estatal, sino como el reconocimiento tardío de una injusticia profunda, prolongada y selectiva.
Porque el Zulia no fue solo un bastión opositor. Fue, paradójicamente, uno de los territorios donde el castigo del poder se ensañó con mayor crudeza incluso contra quienes alguna vez formaron parte del propio chavismo o de la izquierda que sostuvo al proceso bolivariano en sus inicios. Allí, disentir no fue una opción; fue una condena.
El caso de Eduardo Labrador resume con precisión esa lógica perversa. Profesor universitario, abogado y exdiputado regional, Labrador fue detenido cuando intentaba salir del país para visitar a su hija. No cayó preso por un acto violento ni por un delito probado, sino por representar una voz crítica con arraigo regional, con prestigio académico y con independencia intelectual. Su detención no fue solo un mensaje personal: fue una advertencia al Zulia entero. Su nombre se convirtió en símbolo de una represión silenciosa, burocrática, sin cámaras, pero devastadora.
A su alrededor se agrupa una generación de dirigentes y académicos que conocieron el poder desde dentro y que, al romper con la obediencia ciega, fueron tratados con mayor dureza que muchos opositores tradicionales. Rodrigo Cabezas es un ejemplo ineludible. Exministro de Finanzas de Hugo Chávez, economista respetado, intelectual de izquierda crítica, Cabezas fue detenido y permaneció dos meses preso, acusado sin pruebas consistentes, estigmatizado públicamente y reducido al silencio. Su trayectoria demuestra que el pecado imperdonable no fue ser opositor, sino pensar con autonomía. Haber servido al chavismo no lo protegió; al contrario, lo convirtió en traidor a los ojos de un poder que no tolera herejías internas.
Ese patrón revela algo esencial: la persecución política en Venezuela no operó como un conflicto ideológico entre izquierda y derecha, sino como un mecanismo de control autoritario que castigó cualquier desviación del dogma. En el Zulia, esa maquinaria fue especialmente implacable. Allí se castigó la disidencia con cárcel, con exilio, con el descrédito moral. Allí se intentó quebrar a una sociedad históricamente contestataria, incómoda para el centralismo del poder.
En ese contexto, también debe mencionarse a Juan Pablo Guanipa, no como eje del relato, sino como una voz que también exigió públicamente la libertad de Eduardo Labrador, sumándose a las denuncias por su detención arbitraria. Su gesto no borra la complejidad del mapa político zuliano, pero confirma que el encarcelamiento de Labrador trascendió fronteras partidistas y activó solidaridades diversas frente a una injusticia evidente.
Por eso, la ley de amnistía no puede leerse como un acto magnánimo del poder, sino como una respuesta forzada a una acumulación de abusos, presiones internas y externas, y al colapso moral de un sistema que convirtió la prisión en instrumento de gobierno. Amnistiar no equivale a absolver al Estado de responsabilidad. Liberar no es reparar.
Desde el Zulia, la amnistía interpela algo más profundo: ¿se reconocerá que muchos de los perseguidos no fueron enemigos de la revolución, sino hijos críticos de ella? ¿Se aceptará que el madurismo castigó con especial saña a quienes, desde la izquierda, se atrevieron a señalar el autoritarismo, la corrupción y la deriva represiva? ¿O se intentará pasar la página sin leerla?

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Los presos políticos del Zulia —entre ellos Eduardo Labrador, Rodrigo Cabezas, Enrique Márquez, Juan Pablo Guanipa, Jhorman Cruz, Eduardo Menoni, Ángel Torres, Gregory Sanabria, junto a otros periodistas, activistas sociales y dirigentes regionales— no son simples beneficiarios de una ley. Son testigos incómodos de una verdad que el poder preferiría olvidar: que el régimen no solo persiguió a la oposición, sino que devoró a los suyos, caso Cabezas–Labrador. Si la amnistía no viene acompañada de memoria, reconocimiento y garantías reales de no repetición, será apenas un gesto administrativo, no un acto de justicia.
La reconciliación verdadera no empieza con el olvido, sino con la verdad. Y en el Zulia, y en el resto del país, esa verdad aún espera ser dicha en voz alta.

Artículo de opinión de la Dra. Luz Neira Parra para DHH.