El conflicto con el sector aeronáutico se desató cuando el gobierno de Milei dio marcha atrás al alza salarial ya acordada, entre otras medidas. También hubo protestas en otros sectores en la semana.
02/01/2026. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), uno de los principales sindicatos del sector público argentino, anunció un paro total en 27 aeropuertos del paísa partir de la medianoche del lunes próximo, en rechazo al atraso en el pago de salarios en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), una situación que, según el gremio, derivará en demoras y cancelaciones de vuelos. “El lunes a las 00:00 horas (3:00 GMT) el paro será total y la medida alcanzará a los trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos, entre otros, en 27 aeropuertos afectando a todos los vuelos a excepción de los de Estado, los sanitarios, humanitarios, y traslados de órganos”, informó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, a través de un comunicado difundido en la red social X.
El dirigente sindical afirmó que el Gobierno del presidente Javier Milei “tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios”.
“El retraso y la cancelación de vuelos serán exclusiva responsabilidad del Gobierno”, señaló Aguiar, quien también informó que el gremio declaró el estado de asamblea permanente y no descartó iniciar en las próximas horas un quite de colaboración y cese de tareas como antesala del paro.
El titular de ATE acusó a las autoridades de la ANAC, así como a la Secretaría de Transporte y al área de Empleo Público, de ser “los responsables exclusivos de este conflicto”, y denunció que “el atraso en el pago de salarios y los incumplimientos en las negociaciones generan inseguridad y más precarización”.
En diciembre de 2025, los controladores aéreos de Argentina anunció un cronograma de paros que afectaba a vuelos nacionales e internacionales que pronto fue desactivado por el Gobierno nacional para no afectar la temporada alta por las fiestas de fin de año.
Crisis en Patagonia
En otro orden de temas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó el viernes al Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, de incurrir en un “abandono deliberado” de la Patagonia por la interrupción de los fondos destinados al combate de los incendios forestales, ante el avance de las llamas que ya arrasaron más de 45.000 hectáreas de bosque nativo.
“La interrupción de los fondos para combatir los incendios muestra un abandono deliberado de la Patagonia. Las provincias estamos colaborando, pero necesitamos que el Gobierno nacional asuma su responsabilidad y deje de ser indiferente frente al padecimiento de la gente. Menos show y más gestión”, expresó Kicillof a través de su cuenta en la red social X.
Las declaraciones del mandatario opositor peronista se dieron el mismo día en que el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un decreto que declaró la Emergencia Ígnea por el plazo de un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete, declara además zona de desastre a los territorios afectados por los incendios forestales y encomienda a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de acciones de prevención, combate del fuego, asistencia a las poblaciones y restauración de zonas afectadas.
Según el texto oficial, la decisión se adoptó ante la magnitud de los incendios, las condiciones meteorológicas adversas -sequía y vientos intensos- y la superación de la capacidad de respuesta de los medios desplegados, lo que, de acuerdo con el Gobierno, hacía imposible seguir el trámite legislativo ordinario.
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Inteligencia
Otro frente de tensiones en Argentina la semana pasada se dio el jueves cuando la Justicia rechazó un recurso de habeas corpus presentado por opositores al Gobierno de Milei que buscaba frenar la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional, realizada por decreto el 1 de enero y que otorga mayores atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluida la posibilidad de que sus agentes detengan personas.
El juez federal Daniel Alonso decidió “desestimar la acción de habeas corpus preventivo” que presentaron miembros del partido centrista Unión Cívica Radical contra la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional. Tras la publicación del decreto que redefinió los roles de la SIDE y autorizó a sus agentes a aprehender personas sin una orden judicial, se presentaron ante la Justicia múltiples recursos que intentaron suspenderlo, aunque ninguno había sido tratado hasta el momento. Alonso, el primer magistrado en rechazar una presentación contra el decreto, argumentó que éste no representa una “limitación o amenaza de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad decidido y en próxima vía de ejecución, ni vulneración de garantía constitucional alguna”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las principales organizaciones de derechos humanos de Argentina, criticó duramente el decreto, lo describió como “inconstitucional y peligroso”.
Con información de elpais.com.uy
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