La justicia argentina dio un golpe seco a la reputación del expresidente Alberto Fernández, al procesarlo por favorecer desde la Casa Rosada los negocios de su antiguo cliente y actual sospechoso de corrupción, Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria personal. Lo que parecía una amistad política se ha desnudado como una “comunidad de intereses económicos” tejida desde hace años entre funcionarios, familiares y empresas de papel.
07/10/2025. De abogado a arquitecto de beneficios Fernández, que brindó servicios legales a Martínez Sosa durante casi una década, nunca cortó vínculos con el bróker de seguros que vio multiplicar sus comisiones durante su mandato. Bajo su gestión, Nación Seguros le entregó más de 2250 millones de pesos, cerca del 60% de las comisiones estatales, mientras su competencia no llegaba ni al 20%.
Gestiones desde el sillón presidencial El juez federal Sebastián Casanello documentó al menos dos episodios donde Fernández intervino personalmente para remover obstáculos burocráticos que amenazaban los negocios de Martínez Sosa. En uno de ellos, incluso habría llamado directamente al canciller Santiago Cafiero para frenar un cambio de bróker que incomodaba a su entorno.
Red de favores y fantasmas
- El expediente involucra a 34 personas, incluyendo a su secretaria María Cantero, el exjefe de Nación Seguros y varios funcionarios acusados de administración fraudulenta y lavado.
- Empresas fantasma y cooperativas habrían canalizado sobornos, viajes, autos y favores a funcionarios clave.
- Se sospecha que algunos brokers operaban como fachada para ocultar la participación real de Martínez Sosa en negocios públicos.
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Embargo multimillonario El juez en Argentina ordenó un embargo de más de 14 mil millones de pesos sobre los bienes de Fernández. También citó a declarar a ocho aseguradoras, en lo que podría escalar a una investigación histórica sobre el modelo de contratación estatal.
La contradicción institucional Aunque Fernández dictó un decreto para centralizar los seguros estatales en Nación Seguros, el juez sostiene que paralelamente fomentó desde su entorno privado una red de negocios en desmedro del interés público. “No era venta de humo: la influencia era real”, afirma Casanello.
Redacción DHH sobre lectura de noticias
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