Una Sala Constitucional de Bolivia busca garantizar el libre tránsito y prevenir interrupciones futuras en las carreteras.

11/24/2024. El expresidente Evo Morales fue notificado el pasado 22 de noviembre mediante un cedulón en su domicilio sobre una acción popular interpuesta por Lourdes Chambilla, presidenta del Concejo Municipal de La Paz. El recurso solicita medidas que prohíban futuros bloqueos de carreteras y se presentó tras los 24 días de bloqueos impulsados por el exmandatario en el Trópico de Cochabamba.

La audiencia está programada para el lunes a las 08.45 en la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia en La Paz. El objetivo principal de la acción es garantizar el libre tránsito y prevenir que se repitan las interrupciones que afectan a la población.

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Bloqueos

Aunque los puntos de bloqueo se levantaron el 6 de noviembre, Chambilla espera que el tribunal declare procedente el recurso, incluyendo la advertencia de sanciones legales contra Morales en caso de incumplimiento.

El recurso también solicita que las autoridades adopten medidas efectivas para restablecer la circulación, priorizando la seguridad ciudadana y el acceso a bienes esenciales. Además, busca que esta prohibición alcance a otros dirigentes sociales que participaron en los bloqueos recientes.

La movilización en Bolivia liderada por Morales tenía como propósito presionar por su habilitación como candidato presidencial para 2025 y lograr la anulación de los procesos legales en su contra, por los presuntos delitos de estupro y trata y tráfico de personas. Con ese fin, cortaron el paso entre occidente y oriente durante más de tres semanas.

Chambilla expresó su descontento con la “inacción del Gobierno” frente al expresidente, recordando acusaciones pendientes en su contra.

“Debe someterse a la justicia, como cualquier ciudadano. Si evade, confirma su culpabilidad”, enfatizó. La concejal también destacó la necesidad de igualdad ante la ley y pidió garantías para la paz social y el desarrollo económico del país.

Con esta audiencia, se busca sentar un precedente en la defensa de los derechos ciudadanos y la estabilidad nacional.

De acuerdo con el Gobierno, los 24 días de bloqueo causaron pérdidas económicas de más de $us 2.200 millones y, casi 20 días después, el oficialismo asegura que el país todavía sufre las consecuencias de la medida de presión, con el encarecimiento de los productos de la canasta familiar y la alteración en la distribución de diésel.

Con información de la-razon.com