El expresidente Evo Morales, junto con el grupo de campesinos conocido como los Ponchos Rojos, ha anunciado el inicio de un bloqueo de caminos a partir del lunes 16, medida que ha generado preocupación entre la ciudadanía y expertos económicos, los que sostienen que se pretende destruir la economía del país.

El bloqueo, calificado como un “atentado directo” contra la ya frágil economía boliviana, amenaza con paralizar sectores clave, profundizando aún más la crisis que enfrenta el país.
La economía de Bolivia, administrada durante más de 18 años por Morales y el actual presidente del Estado, Luis Arce Catacora, que fue su Ministro de Economía durante las gestiones del líder cocalero, ha mostrado signos de gran debilidad en los últimos años.
El agotamiento de las reservas internacionales, el incremento de la deuda externa, el incremento del precio de los productos de la canasta familiar, falta de combustibles y la caída de la producción de gas han puesto al país en una situación de extrema vulnerabilidad.
Ante este contexto, el bloqueo de caminos no solo representa un obstáculo para el comercio interno, sino también para la provisión de bienes esenciales, como alimentos y medicinas, lo que impactará directamente en la vida de los bolivianos.
El sector privado, los gremios empresariales y diversas organizaciones sociales han expresado su rechazo categórico a esta medida. Argumentan que, en lugar de buscar soluciones a través del diálogo, se recurre a tácticas de presión que solo ahondarán los problemas estructurales del país.
Además, muchos ciudadanos ven en esta acción una irresponsabilidad por parte de Morales y sus seguidores, quienes, lejos de aportar a la estabilidad y el crecimiento, están apostando por la confrontación y el caos. Este tipo de medidas, más que fortalecer las demandas sociales, lo que logrará es poner a Bolivia en un camino de deterioro económico de graves consecuencias.
Si el bloqueo se hace afectivo, si se prolonga, los costos serán altos: el transporte de productos se verá interrumpido, el abastecimiento de alimentos será insuficiente, y las pérdidas en la producción y exportación afectarán a miles de familias bolivianas. Es una receta para la destrucción de la economía de un país, que aún lucha por recuperarse de los efectos de la pandemia y las fluctuaciones en los mercados internacionales.

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Consideran que es imperativo que las autoridades y los líderes sociales busquen soluciones que no pongan en riesgo el bienestar de millones y que se priorice el diálogo como el único camino para evitar que el país caiga en un abismo.
Por otro lado, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, advirtió ayer al expresidente Evo Morales que está vigente una Acción Popular que le impide atribuirse la representación de los derechos civiles y políticos de la sociedad boliviana.
Sostuvo que la medida prohíbe a Morales promover o incitar el bloqueo de caminos. Además acusó al expresidente de fomentar la convulsión en el país con el único objetivo de habilitar su candidatura presidencial.

Con información de eldiario.net