Bolivia ha puesto en marcha un ambicioso plan de rescate y modernización económica que implica la negociación de más de $9.000 millones de dólares en financiamiento multilateral, superando con creces las expectativas iniciales del gobierno. Este anuncio, realizado por el Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, marca la primera gran movida política desde que el presidente centrista Rodrigo Paz asumió el cargo a principios de mes.
El paquete financiero, negociado con un consorcio de prestamistas que incluye al Banco Mundial y al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), está diseñado para estabilizar una economía que ha sido golpeada por una alta inflación, un creciente déficit fiscal y una severa escasez de divisas.
Fondos masivos y ascenso de los bonos
Los $9.000 millones negociados, que se destinarán tanto a proyectos públicos como privados, exceden la previsión inicial del gobierno, que oscilaba entre $4.000 y $5.000 millones. El Ministro Espinoza indicó que se espera que aproximadamente un tercio de este financiamiento aterrice en las arcas del país en los próximos 60 a 90 días.
La noticia tuvo un impacto inmediato en los mercados: los bonos en dólares estadounidenses de Bolivia subieron el martes, cotizando cerca de 92 centavos por dólar, alcanzando sus niveles más altos desde 2022, y consolidándose entre los de mejor desempeño en el índice de bonos de mercados emergentes de JPMorgan.
El auge del sector privado y la reforma fiscal
El acuerdo no solo representa un salvavidas financiero, sino también un cambio filosófico radical en la política económica boliviana, tras años de políticas enfocadas en la nacionalización y la fuerte intervención estatal que disuadieron la inversión extranjera.
«No se trata solo de préstamos para el sector público,» afirmó Espinoza. Este momento inaugura una «nueva fase de desarrollo» donde el sector privado está llamado a desempeñar un rol «muy importante». Los fondos se canalizarán para apoyar iniciativas privadas en áreas clave como infraestructura, energía renovable e inclusión financiera.
En línea con la promesa de Paz de adoptar un enfoque más orientado al mercado, el gobierno anunció la eliminación de dos barreras clave para la inversión:
- Eliminación del impuesto a la riqueza, citando su efecto desalentador sobre las inversiones.
- Derogación de los impuestos a las transacciones financieras.
Es importante destacar que tanto las nuevas líneas de crédito como estas medidas fiscales aún requieren la aprobación del Congreso antes de su entrada en vigor.
Austeridad autónoma y apertura criptográfica
Además de las reformas fiscales, el gobierno ha decidido aplicar una fuerte disciplina fiscal. El presupuesto de 2026 será «más austero» e incluirá una reducción del 30% en el gasto público. Espinoza enfatizó que esta decisión fue tomada de forma autónoma y no como resultado de ninguna presión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el diálogo con el FMI sigue abierto: «Si ellos (el FMI) se acercan a nosotros, eso es bienvenido, pero mientras tanto, procederemos con nuestros planes,» dijo el ministro.
Como parte de una modernización más amplia, el gobierno también se está adelantando en la integración de las criptomonedas en el sistema financiero formal, comenzando con las stablecoins. Esta política busca aprovechar el auge de la adopción de criptomonedas, que se disparó tras el levantamiento de una prohibición previa el año pasado, usándose como cobertura contra la depreciación del boliviano.
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Los bancos bolivianos estarán autorizados a ofrecer servicios de criptomonedas, como cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y préstamos, permitiendo que funcionen como un instrumento de pago de curso legal. Según Espinoza, esta medida impulsará la inclusión financiera, reconociendo la realidad global: «No se puede controlar la criptografía a nivel mundial, así que hay que reconocerla y usarla a tu favor».
El movimiento audaz de Bolivia, que combina un rescate financiero monumental, recortes de gastos significativos y la adopción de tecnologías financieras emergentes, es la herramienta que el gobierno de Paz utiliza para intentar revertir una de las peores crisis económicas que el país ha enfrentado en décadas.
Redacción Elena Calzadilla para DHH.
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