El líder del Comité Cívico dijo que la norma es «un triunfo del pueblo», e insistió en que trabajará en la «nueva relación de Santa Cruz con el Estado» tras más de un mes de paro y violentas protestas en las que hubo al menos cuatro muertos y 178 heridos.

El líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció el levantamiento de la huelga que paralizó esta región del este de Bolivia por 36 días, en medio de un conflicto con el Gobierno de Luis Arce, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de ley del censo que pedía el movimiento opositor.

Calvo dijo que la ley del censo es «un triunfo del pueblo» e insistió en que trabajará en la «nueva relación de Santa Cruz con el Estado» tras más de un mes de paro y violentas protestas en las que hubo al menos cuatro muertos y 178 heridos.

No obstante, avisó que el comité «seguirá en emergencia» ante la posibilidad de nuevos acontecimientos, informó el portal de noticias boliviano Erbol.

«Los números del Censo mostrarán que la supuesta prioridad a las áreas rurales e indígenas era mentira: que la gente se ha venido a las ciudades mayores y que los departamentos fuera del eje están desfalleciendo. Su modelo económico ha fracasado», señaló.

El 22 de octubre pasado, un «movimiento cívico» que agrupa a organizaciones y empresarios de Santa Cruz, tradicional bastión de la oposición de derecha y ultraderecha y motor económico del país, convocó a un paro por tiempo indefinido para exigir que el censo sea en 2023, en lugar de 2024 como había propuesto el Gobierno nacional, dado que determina el reparto de recursos entre las regiones del país.

El Censo de Población y Vivienda, que la Constitución boliviana establece que debe realizarse cada 10 años, estaba previsto inicialmente para el 16 de noviembre de 2022, ya que el último fue en 2012, pero el Gobierno de Arce lo postergó para 2024 por razones técnicas.

Después de semanas de conflicto, el movimiento opositor llegó a aceptar la postergación de la fecha, pero reclamaba una ley que la fijara.

El recuento de habitantes podría derivar en la ampliación de recursos económicos, así como un reajuste de la representación en el Parlamento.

La ley del censo, que establece que se realizará el 23 de marzo de 2024, recibió en la madrugada del sábado luz verde en la Cámara de Diputados tras una sesión que se prolongó por siete horas y culminó cerca de las 2 de la mañana.