Un oficial del Ejército de Brasil que fuera edecán del presidente Jair Bolsonaro confesó ante la Policía Federal que el entonces mandatario presentó a los jefes de las Fuerzas Armadas un plan de golpe de Estado para no reconocer la victoria en las elecciones de octubre de 2022 del actual jefe del Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, pero esa estrategia solo fue apoyada por la comandancia de la Marina, reveló hoy la prensa local.

09/21/2023. La revelación fue hecha por el teniente coronel Mauro Cid en el marco de su acuerdo de delación premiada, con el cual logró la libertad tras haber sido detenido el 3 de mayo por fraguar la libreta de vacunación de Covid-19 de Bolsonaro y su familia para poder ingresar a Estados Unidos.

Según reveló el sitio de noticias UOL, que accedió a parte de la delación premiada, Cid, principal ayudante personal de Bolsonaro en la presidencia, contó que la estrategia golpista que el entonces jefe del Estado presentó a las Fuerzas Armadas en 2022 fue llevada por el asesor especial en asuntos internacionales, Filipe Martins.

Martins es un referente de los libertarios brasileños que trabajó en 2014 como consultor político de la embajada de Estados Unidos en Brasil y fue el responsable de presentar personalmente a Bolsonaro con el entonces asesor del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Bannon, considerado uno de los ideólogos de las nuevas extremas derechas.

Martins, siendo asesor de Bolsonaro, fue investigado por tener nexos con grupos segregacionistas blancos de Estados Unidos.

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Según UOL, Bolsonaro consultó con un abogado constitucionalista llevado por Martins en el Palacio de la Alvorada -residencia presidencial- antes de presentarles a los jefes de las Fuerzas Armadas un documento llamado “Borrador del golpe”, que encontraba en el artículo 142 de la Constitución un motivo para que los militares detuvieran a los jueces del tribunal electoral y de la suprema corte.

Ese plan supuestamente iba a anular las elecciones de segunda vuelta del 30 de octubre en las que Lula se impuso a Bolsonaro con 50,9% a 49,1% de los votos.

Según Cid, Bolsonaro recibió la luz verde al plan de parte de apenas uno de los jefes militares, el entonces titular de la Marina, almirante Almir Garnier.

Garnier es un confeso bolsonarista -algo ilegal para la carrera militar- que se negó a transmitir su cargo al sucesor designado por Lula.

La pregunta de los investigadores es si Cid intentó encubrir al Ejército, la fuerza a la que pertenecen él y su padre, un general retirado involucrado en la venta de joyas de la presidencia de la República para pasarle el dinero en mano a Bolsonaro en Estados Unidos durante enero, febrero y marzo pasados.

Bolsonaro dejó Brasil el 30 de diciembre, dos días antes de entregar el cargo a Lula, y se instaló tres meses en la casa de un empresario en el estado Florida, lapso en el cual Cid y su padre vendieron en casas de empeño joyas regaladas a Brasil por Arabia Saudita y Bahrein supuestamente para entregar el dinero al líder ultraderechista brasileño.

Bolsonaro declaró cinco veces ante la Policía Federal por esos actos y negó la participación en planes para no reconocer las elecciones, en una grn investigación que lleva adelante el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil.

El nuevo elemento revelado por UOL y el diario O Globo indica que la delación premiada de Cid apunta ahora directamente a Bolsonaro consultando, durante la transición entre las elecciones ganadas por Lula y el fin del mandato, cómo desconocer a la justicia electoral.

En ese marco ingresan varios elementos como el bloqueo de caminos por parte de ruralistas y empresarios del agronegocio en todo el país en la primera semana de noviembre y el acampe de ultraderechistas en la puerta de los cuarteles pidiendo un golpe militar al Ejército.

El Ejército nunca quitó a esos manifestantes de las veredas de sus cuarteles, sobre todo porque allí participaban activamente familiares de generales retirados.

Del campamento de Brasilia partieron los golpistas que el 8 de enero asaltaron las sedes de los tres poderes públicos pidiendo un golpe de Estado y que comenzaron a ser juzgados y condenados la semana pasada.

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