Bolsonaro condenado a 27 años por trama golpista mientras la amnistía naufraga en el congreso

La justicia brasileña ha marcado un hito histórico este jueves, al sentenciar al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado y otros cuatro delitos graves. Esta condena, sin precedentes en la historia del país para un exmandatario, llega en un momento de clara derrota para la agenda bolsonarista que buscaba la amnistía para los implicados en los atentados del 8 de enero.

09/11/2025. El veredicto del Supremo Tribunal Federal (STF) y el estancamiento legislativo dibujan un panorama de profunda reconfiguración política, donde las esperanzas de impunidad para el expresidente y sus aliados se desvanecen.

Un veredicto histórico y voces encontradas

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, con una votación de 4 a 1, declaró a Jair Bolsonaro culpable de liderar una compleja trama criminal destinada a perpetuarse en el poder y subvertir el orden democrático. Además del intento de golpe de Estado, fue condenado por organización criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño calificado al patrimonio público y deterioro de bienes patrimoniales protegidos. La pena se desglosa en 24 años y 9 meses de reclusión y 2 años y 6 meses de detención, además de una multa de aproximadamente 370.000 reales.

El ministro Alexandre de Moraes, relator del caso y figura central en las investigaciones relacionadas con el expresidente, enfatizó la gravedad de la culpabilidad de Bolsonaro, señalando que «instrumentalizó el aparato estatal y movilizó agentes y recursos públicos con el fin de propagar falsas narrativas, con el objetivo principal de provocar inestabilidad social y perpetuarse en el poder». Moraes fue contundente al afirmar que el exmandatario «jamás aceptaría una derrota en las urnas» y que los actos del 8 de enero no fueron una «combustión espontánea» sino producto de una «organización criminal».

Acompañando la posición de Moraes, votaron los ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino. Cármen Lúcia sostuvo que existe «prueba cabal» de que un grupo liderado por Bolsonaro intentó un golpe de Estado, mientras que Zanin subrayó la «relación de causalidad» entre los discursos del expresidente y los actos golpistas. Flávio Dino, por su parte, ratificó que tanto Bolsonaro como Braga Netto «ocupan posiciones de comando» en la organización criminal y recordó que la Constitución prohíbe la amnistía para crímenes contra la democracia.

El único voto disidente fue el del ministro Luiz Fux, quien abogó por la absolución de Bolsonaro. En un voto marathon de casi 12 horas, Fux minimizó la gravedad de las acusaciones, desestimó pruebas y calificó los actos del 8 de enero como acciones de «turbas desordenadas» o «llanto de perdedor». Sus argumentos, que incluían la nulidad del proceso y la imposibilidad de que un presidente intente deponer su propio gobierno, lo dejaron aislado frente a sus colegas, quienes en varios momentos de la sesión le dirigieron recados y lo refutaron abiertamente.

La condena de Bolsonaro, que ya se encontraba bajo arresto domiciliario y era inelegible hasta 2030, extiende su inhabilitación política hasta 2060. Además del expresidente, otros siete ex altos funcionarios de su gobierno fueron condenados a penas que oscilan entre 2 y 26 años. Entre ellos se destacan Walter Braga Netto (26 años), Anderson Torres y Almir Garnier Santos (24 años cada uno). Se determinó la pérdida de cargos para Alexandre Ramagem (diputado federal) y Anderson Torres (delegado de la Policía Federal), y se solicitó al STM que analice la pérdida de patente para los militares involucrados, incluido Bolsonaro. La defensa del expresidente, quien sufre secuelas de un atentado en 2018, buscará mantener la prisión domiciliaria, aunque su destino final podría ser una celda especial en Papuda o en la Policía Federal.

El fin de una esperanza: la amnistía, una batalla perdida para los bolsonaristas

Mientras el STF dictaba sentencia, en el ámbito legislativo, los bolsonaristas ya reconocen la derrota en su ambiciosa agenda de amnistía para los detenidos y condenados por el 8 de enero. Esta propuesta, que había cobrado fuerza con el avance del juicio en el Supremo, representaba la «última oportunidad» para liberar a Bolsonaro de una larga pena de prisión.

La esperanza de que el Proyecto de Ley fuera relatorado por un «bolsonarista raíz» como Rodrigo Valadares (Unión Brasil-SE) se desvaneció, ya que Valadares no fue seleccionado para esa función en el Plenario. En cambio, la relatoría, una de las funciones más cruciales en el Congreso para negociar y reformular el texto, se espera que recaiga en un miembro del denominado ‘Centrão’, una señal de que el proyecto se orientaría hacia posturas más moderadas.

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Líderes de la oposición han admitido, bajo reserva, que el presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), inclinará la balanza hacia un nombre más centrista. De hecho, figuras como Doutor Luizinho (PP-RJ) y Claudio Cajado (PP-BA) fueron sondeadas por aliados de Bolsonaro, pero rechazaron la encomienda. La posibilidad de que el expresidente de la Cámara, Arthur Lira (PP-AL), quien visitó a Bolsonaro antes del juicio, asuma esta tarea, aún se baraja.

Paralelamente, el gobierno del presidente Lula (PT) ha desplegado una intensa ofensiva para frenar la propuesta, con la ministra Gleisi Hoffmann (Secretaría de Relaciones Institucionales) reuniendo a ministros de partidos de centro para coordinar acciones en las bancadas de la Cámara. La movilización ciudadana, con manifestantes exigiendo el castigo para los golpistas del 8 de enero, también ha añadido presión al escenario político, contribuyendo al desvanecimiento de las aspiraciones de amnistía para aquellos que atentaron contra la democracia brasileña.

Redaccion Albitrio Fabrepe para DHHsobre lectura de agencias