«La primera evaluación es que hubo un uso exacerbado» de la potestad de declarar «confidenciales» ciertas informaciones, dijo el titular de la Contraloría General con relación a los documentos.

El Gobierno brasileño informó este viernes que analiza 234 decretos dictados por el expresidente Jair Bolsonaro que impusieron carácter “secreto” por 100 años a documentos e informaciones que pudieran tener interés público.

El ministro Vinicius de Carvalho, titular de la Contraloría General, dijo en rueda de prensa que cada caso será analizado por ese organismo, aunque aclaró que “la primera evaluación es que hubo un uso exacerbado” de la potestad de declarar “confidenciales” ciertas informaciones.

Los decretos en cuestión se refieren a asuntos de “seguridad nacional, seguridad del Presidente y sus familiares, informaciones personales y actividades de inteligencia”, explicó Carvalho.

El ministro aclaró que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió el pasado 1 de enero, no busca ningún tipo de “revancha” con esa revisión, pero la consideró necesaria para garantizar la transparencia que debe primar en la gestión pública.

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Entre las informaciones que fueron calificadas como secretas por el líder de la ultraderecha figuran datos sobre su salud o visitas que recibió en la sede del Gobierno y la residencia oficial de la Presidencia, así como gastos personales y de su familia cargados al erario público durante los cuatro años que estuvo en el poder.

Uno de los decretos que más polémicas causó en su momento determinó que durante un plazo de 100 años no podrá saberse si Bolsonaro se vacunó contra el coronavirus.

El exmandatario, uno de los líderes mundiales más negacionistas frente a la pandemia, mantuvo una dura campaña de descrédito contra las vacunas, pero nunca aclaró si se había inmunizado frente a una enfermedad que llegó a contraer a mediados de 2020.

Según Carvalho, en ese caso específico, así como en otros de los 234 decretos analizados, “aún debe haber una discusión”, que en un primer momento será dada en el ámbito de la propia Contraloría.

Puso como ejemplo que “exámenes de colesterol y otros similares pueden ampararse en el derecho a la privacidad”, pero aclaró que “la vacunación es parte de políticas públicas” y de interés de la sociedad, pues una persona que no se inmunizó “puede, eventualmente, ser agente de contaminación”.

Con información de EFE.