Brasil: inicia búsqueda de responsables de asalto al poder político
El asalto a los poderes públicos han dejado al menos 300 personas detenidas, según informó la Policía Civil del Distrito Federal.
Las autoridades de Brasil iniciaron las investigaciones y medidas judiciales tras el asalto perpetrado por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro al Congreso, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema de dicho país.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva constató anoche los daños en las instituciones públicas. Tras ello, aseveró que los responsables serán castigados.
Lea también: EEUU ayudará a Brasil en el fallido golpe de Estado.
“Los golpistas que promovieron la destrucción del patrimonio público en Brasilia están siendo identificados y serán castigados”, escribió en Twitter. Hasta el momento, los disturbios han dejado al menos 300 personas detenidas, según informó la Policía Civil del Distrito Federal.
Cabe precisar que la Fiscalía de Brasil solicitó abrir inmediatamente investigaciones que lleven a la “responsabilización de los involucrados” en los ataques contra las sedes de los poderes en Brasilia.
El gobernador del distrito de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro, pidió disculpas a Lula y calificó a los responsables de “verdaderos terroristas”. “En ningún momento pensamos que estas manifestaciones tomarían tales proporciones”, sostuvo.
Fiscalia general solicitó abrir investigaciones
La Fiscalía general solicitó abrir inmediatamente investigaciones que lleven a la «responsabilización de los involucrados» en los ataques contra las sedes de los poderes en Brasilia.
El gobernador del distrito de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro, pidió disculpas a Lula y calificó a los responsables de «verdaderos terroristas».
«En ningún momento pensamos que estas manifestaciones tomarían tales proporciones», afirmó.
Rocha despidió al jefe de seguridad de la capital, Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia de Bolsonaro.
Pero a su vez el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenó a Rocha apartarse por 90 días de su cargo.
La Abogacía General de la Unión (AGU) pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) ordenar el arresto de Torres y «otros agentes públicos responsables por acciones u omisiones», según varios medios locales.
