El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su profundo estupor y se declaró «horrorizado» ante el saldo de la operación antinarcotráfico más letal registrada en la historia de Río de Janeiro, que dejó más de un centenar de muertos el martes. Tras regresar de una gira por Asia, el mandatario convocó de urgencia a su equipo ministerial para abordar la crítica situación de seguridad, en medio de una escalada de tensión política con el gobernador fluminense, Cláudio Castro.
10/29/2025. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, reveló este miércoles que la reacción presidencial fue de consternación, destacando que Lula se mostró «horrorizado por el número de incidentes fatales». Una de las mayores sorpresas para el Ejecutivo federal fue enterarse de que una operación de tal magnitud se había puesto en marcha «sin conocimiento federal». De hecho, funcionarios del gobierno señalaron que la magnitud de la crisis no fue comprendida por el presidente durante su regreso de Asia debido a problemas de comunicación durante los vuelos. Miembros de la delegación incluso declararon no haber sabido nada de la crisis hasta que aterrizaron en Brasilia.
Choque político y el fantasma de la GLO
La operación, dirigida contra el grupo criminal Comando Vermelho, no solo sumió a Río de Janeiro en el caos, sino que desató un intercambio de acusaciones entre el gobierno federal y la administración estatal. El gobernador Castro, del Partido Liberal y aliado del expresidente Jair Bolsonaro, denunció que Río estaba «solo en esta guerra» y reclamó mayor apoyo de Brasilia.
No obstante, el ministro Lewandowski desmintió haber recibido peticiones de asistencia para el operativo. El gobierno federal insistió en que el gobernador Castro nunca consultó ni informó previamente sobre la acción policial.
En este contexto de fuerte tensión, el tema de la Garantía de Orden Público (GLO) se puso sobre la mesa. La GLO es un instrumento mediante el cual el Presidente de la República, prerrogativa exclusiva de Lula, puede desplegar a las Fuerzas Armadas en intervenciones de seguridad pública. Sin embargo, el ministro de Justicia explicó que el Poder Ejecutivo no puede adoptar unilateralmente esta medida. Primero, el gobernador Castro debe «reconocer la incapacidad de las fuerzas locales para combatir el crimen organizado» y solicitar formalmente la medida. Lewandowski y la ministra Hoffmann confirmaron que hasta el momento, no se había planteado ninguna solicitud de GLO.
La reunión de emergencia y la disposición a colaborar
Tras el sangriento operativo, Lula convocó de emergencia a su gabinete en el Palacio de la Alvorada para analizar la situación. Entre los asistentes a la reunión del miércoles se encontraban el vicepresidente Geraldo Alckmin y los ministros Rui Costa, Gleisi Hoffmann, Sidônio Palmeira y Macaé Evaristo.
A pesar del cruce político, el gobierno federal manifestó su disposición a colaborar. El ministro de Justicia recalcó que están listos para ayudar a Río de Janeiro con expertos forenses, médicos y acceso a la base de datos de ADN. Además, se programó una «reunión de urgencia» en Río con el gobernador Castro para «escuchar al gobernador y averiguar qué necesita».
El gobierno de Lula recordó que la Fuerza de Seguridad Nacional ya está presente en Río desde 2023, con 11 renovaciones solicitadas por el propio gobernador, y que la Policía Federal ha llevado a cabo intensas operaciones contra el narcotráfico y el tráfico de armas.
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Mientras la Federación y Río intercambiaban acusaciones, gobernadores opositores a Lula, incluyendo Romeu Zema de Minas Gerais y Tarcísio de Freitas de San Pablo, se movilizaron para mostrar su apoyo a Castro.
La operación, denominada ‘Contención’, movilizó a 2.500 agentes de la Policía Civil y Militar. La violencia alcanzó una «escalada inédita,» marcada por el uso de drones por parte de los criminales del Comando Vermelho para atacar a las fuerzas de seguridad con artefactos explosivos. El saldo preliminar de la intervención, que tuvo lugar en los complejos de la Penha y del Alemão, dejó al menos 60 fallecidos, 80 detenidos y la confirmación de la muerte de al menos cuatro agentes durante los enfrentamientos.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.
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