A tres años y nueve meses de mandato, el nivel de aceptación del presidente Nayib Bukele en El Salvador subió a un 92.5%,

La popularidad del presidente Nayib Bukele en El Salvador ha alcanzado un 92,5% después de tres años y nueve meses de mandato, según una encuesta realizada por el periódico opositor «La Prensa Gráfica».

El éxito del nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una mega cárcel con capacidad para albergar a 40.000 pandilleros, ha contribuido al aumento de la aprobación del mandatario. El esquema de seguridad pública implementado por Bukele, que incluye la lucha contra las pandillas, ha sido calificado como «muy bueno o bueno» por los salvadoreños encuestados.

La administración de Bukele afirma que el régimen de excepción para combatir las pandillas ha sido un éxito y ha conseguido mucha aceptación, y ha permitido la detención de 65.700 supuestos pandilleros, 215 días sin homicidios y la reducción de los casos de extorsión. El Congreso de El Salvador aprobó el miércoles 15 de marzo una nueva prórroga del estado de excepción, que suspende las garantías constitucionales como la libertad de asociación, la privacidad de las comunicaciones y las garantías del debido proceso, para combatir a las violentas pandillas del país.

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Esta prórroga es la duodécima y estará en vigencia del 18 de marzo al 16 de abril. Sin embargo, las autoridades han sido objeto de críticas por parte de los defensores de derechos humanos, quienes afirman que se han aprehendido y encarcelado a personas inocentes y se han cometido abusos contra la población en el marco de la lucha contra el crimen.

El miércoles 15 de marzo, las autoridades trasladaron a dos mil pandilleros desde otras cárceles hasta la mega cárcel, que es una de las más grandes del continente por la cantidad de presos que puede albergar.

Se espera que la cárcel acoja a un total de 40.000 integrantes de las pandillas. La «guerra contra las pandillas» del gobierno de Bukele en El Salvador ha permitido a la población sentirse más segura, pero también ha generado controversia debido a la suspensión de las garantías constitucionales y a las acusaciones de abuso de poder por parte de las autoridades.