El anuncio del mandatario Nayib Bukele para postularse de nuevo a la Presidencia de El Salvador ha generado incertidumbre en el país, dado que la Constitución prohíbe a lo largo de seis artículos que los jefes de Estado se mantengan en el poder durante dos mandatos consecutivos, lo que hasta ahora les ha obligado a gobernar solo durante cinco años. Aun así, Bukele, en el Ejecutivo desde 2019, anunció el viernes su candidatura para las elecciones de 2024.

No cuenta con el visto bueno de la Carta Magna, en vigor desde 1983 y que dictamina que la violación a esta norma «obliga a la insurrección», pero sí con el de la Corte Suprema de Justicia, que señala que la voluntad de un presidente por presentarse «implica únicamente que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que en ese momento ejerce la Presidencia», no necesariamente que sea reelegido.

El Gobierno, que guarda un as bajo la manga, insiste en la legalidad de su decisión. Este sábado, el vicepresidente, Félix Ulloa, hizo hincapié en el aval de la Corte Suprema de Justicia y confirmó que él mismo no tendrá ningún problema en sustituir a Bukele si éste dimite seis meses antes de las elecciones para evitar cualquier controversia legal.

De esa manera, con esta salida temporal, el presidente cumpliría en principio todos los requisitos que el Supremo estableció en su día para reinterpretar la Constitución y avalar la reelección presidencial. Aunque el Ejecutivo ya ha puesto sobre la mesa un proyecto para reformar la Carta Magna con el objetivo de evitar el veto a los nuevos mandatos.

Mientras, la oposición ha cargado contra el mandatario, alegando que si decide consumar sus planes políticos incumpliría en efecto la Constitución. La Alianza Nacional El Salvador en Paz, que ya había convocado esta semana protestas contra Bukele, defendió en Twitter el «derecho a la insurrección» tras conocer las intenciones del presidente.