El expresidente de Perú, Pedro Castillo, cuyo sombrero de copa alta simbolizó la esperanza de las regiones excluidas, ha recibido una sentencia contundente que sella uno de los episodios más caóticos de la política reciente del país. Este jueves, el tribunal lo declaró culpable del delito de conspiración y lo condenó a 11 años y 11 meses de prisión. La sentencia exacta impuesta fue de once años, once meses y quince días de cárcel, en adición a una inhabilitación de dos años para ejercer cualquier cargo público.
11/27/02025. El veredicto se centra en el fallido autogolpe de Estado que Castillo protagonizó hace tres años, el 7 de diciembre de 2022, un evento que sumió al país en el caos. Con las manos temblorosas, el entonces presidente intentó replicar la maniobra histórica de Alberto Fujimori en 1992: disolvió el Congreso, instauró un gobierno de excepción, decretó un toque de queda y anunció la reorganización del sistema de justicia.
Sin embargo, la maniobra política de Castillo apenas «duró un pestañeo». A diferencia de otros golpes, no hubo tanques en las calles, y las Fuerzas Armadas le dieron la espalda de inmediato. El maestro sindical fue arrestado en el acto, mientras intentaba huir y asilarse en la embajada de México en Lima. Tras su detención «en flagrancia delictiva», el Congreso lo destituyó por incapacidad con una amplia mayoría.
Complicidad y asilo diplomático
La condena por conspiración se extiende más allá del exmandatario. El Poder Judicial determinó que Castillo no actuó solo. La ex primera ministra, Betssy Chávez, y Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros (quien también detentaba el cargo el día del golpe), fueron hallados responsables.
Según el juzgado, Chávez y Torres no solo conocían el contenido del mensaje a la nación, sino que participaron activamente en su elaboración en Palacio de Gobierno. Chávez, además, convocó a los ministros a Palacio, refiriéndose a ese día como «histórico», y permitió la entrada irregular de un grupo de periodistas.
Chávez recibió la misma pena que Castillo. Actualmente, se encuentra refugiada en la embajada de México en Lima, una situación que ha provocado una crisis diplomática entre Perú y el país presidido por Claudia Sheinbaum, ya que el Ejecutivo se resiste a entregarle un salvoconducto.
Un intento de rebelión sin armas
El tribunal acreditó que Castillo «atentó contra los poderes del Estado y el orden constitucional». Si bien la Fiscalía había solicitado 19 años de cárcel debido al agravante de ser el primer funcionario del país, el juzgado aplicó los once años y once meses debido a que Castillo no contaba con antecedentes.
Es crucial señalar que el juzgado se decantó por tipificar el delito como conspiración y no como rebelión. La diferencia clave radicó en que no se concretó un alzamiento en armas.
Mientras la defensa de Castillo solicitó la anulación del juicio alegando una «afectación grave e insalvable a las garantías de imparcialidad e independencia judicial», sus simpatizantes han sostenido que el golpe nunca existió, argumentando que solo fue una tentativa. Para ellos, Castillo ha sido en realidad una víctima de la clase política y los grupos de poder que jamás le permitieron gobernar.
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El profesor y la inestabilidad
La condena pone fin, judicialmente, a una gestión de casi 500 días marcada por la inestabilidad. El ascenso de Castillo, un profesor de escuelas rurales nacido en la serranía norte de Cajamarca, fue sorpresivo en las elecciones de 2021, derrotando a Keiko Fujimori.
A pesar de representar el voto de las clases populares, su mandato fue turbulento: fue «empapelado» por denuncias de corrupción, fue acusado de realizar sesiones clandestinas fuera de Palacio y nombró a 78 ministros, una rotación que reflejó la fragilidad de su periodo. Aunque postuló por el partido Perú Libre, de tendencia marxista-leninista, y nunca pudo desmarcarse del todo de su fundador Vladimir Cerrón, Castillo no logró marcar el punto de inflexión que esperaba la izquierda que se había decepcionado con su gestión.
La caída de Castillo sirve como un recordatorio sombrío de que, en la política, los intentos de alterar el orden constitucional con discursos dramáticos, pero sin el respaldo de la fuerza, pueden desvanecerse tan rápido como una ráfaga de viento. Su autogolpe fue tan fugaz que se le recuerda más por el fracaso instantáneo que por la intención dictatorial.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.
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