Con frases como “vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia” y “si no se regularizan se van”, el presidente de Chile, Gabriel Boric, marcó la semana pasada un cambio de rumbo frente a la política migratoria del país, que se ha visto impactada por el episodio en el que decenas de colombianos -la gran mayoría en situación de irregularidad- atacaron a un grupo de policías mientras se encontraban en un control por robo el pasado 9 de octubre, dejando a 7 carabineros heridos en la ciudad de Puerto Montt.

El brutal ataque, que terminó con 13 colombianos detenidos, desató una oleada de indignación y puso presión al ejecutivo chileno que, en una semana, envió dos proyectos de ley al Congreso relacionados con facilitar la expulsión de migrantes y descongestionar las cárceles. “¿Dónde están los detenidos del fin de semana por la agresión a Carabineros en Puerto Montt?, ¿Cumpliendo medidas restrictivas o en libertad? Nosotros los detenemos, pero vuelven a salir”, denunciaba el general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, antes de que el presidente Boric anunciara la expulsión de los atacantes.“Nosotros tenemos que dar señales claras, categóricas y sin doble estándar. No vamos a permitir que la delincuencia se venga a instalar a nuestro país”, señaló el mandatario durante una gira el región de Antofagasta (norte), uno de los lugares que recibe mayor cantidad de población migratoria en el país, desde donde hizo un llamado a hacerse cargo “sin complejos” de los desafíos asociados a la seguridad, a la gestión y control de fronteras y a la política de expulsiones.