Una serie de empresas quebradas chilenas de construcción amenaza con obstaculizar los planes del Gobierno para mitigar una recesión económica con un mayor gasto en obras públicas.

Claro, Vicuña, Valenzuela SA, o CVV, anunciaron que solicitarían protección por quiebra local el 21 de octubre, lo que provocó el cese de obras en 30 proyectos y el despido de unos 2.500 trabajadores. La compañía dijo que su deuda había llegado a los 58.000 millones de pesos (US$60 millones), culpando, en parte, a los pagos atrasados del Gobierno.

La constructora es la última de una docena en Chile que solicitan la liquidación o inician conversaciones para reestructurar su deuda desde 2019, según el Diario Financiero. La quiebra se produjo menos de un mes después de que el presidente Gabriel Boric anunció que el gasto en infraestructura y obras públicas crecerá 5,5% el próximo año para impulsar el crecimiento económico.

El Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía de Chile será la única de Sudamérica que se contraiga en 2023.

Chile necesita una actualización urgente de los procesos que están obstaculizando el avance de proyectos de inversión de todo tipo, dijo la Cámara de la Producción y el Comercio de la región del Biobío en respuesta a la quiebra de CVV.

La compañía detuvo el trabajo en una serie de proyectos, incluido un puente sobre el río en la ciudad sureña de Concepción.

El gobierno está trabajando en nuevos mecanismos para permitir que los constructores ajusten sus contratos con el Estado más rápido para dar cuenta de los costos más altos.