Es la primera vez que la disputa legal sobre la orden del presidente de EE.UU. llega al máximo tribunal de Estados Unidos. Si el gobierno de Trump tiene éxito, la política podría entrar en vigor en algunas partes del país.

03/13/2025. Abogados del presidente Donald Trump pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que eliminara la suspensión a nivel nacional impuesta a la orden ejecutiva que suprimiría la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de migrantes indocumentados y residentes extranjeros.

Es la primera vez que la disputa legal sobre la orden de terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento del presidente llega a la Corte Suprema. Si el gobierno de Trump tiene éxito, la política podría entrar en vigor en algunas partes del país.

Tres tribunales federales, de Massachusetts, Maryland y el estado de Washington, habían emitido directivas para suspender temporalmente la orden, que fue firmada por Trump el primer día de su mandato y que declaraba que el gobierno dejaría de considerar ciudadanos a los bebés que no tengan al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente. Eso incluiría a niños nacidos de personas que cruzaron al país sin permiso.

Las solicitudes de emergencia del gobierno de Trump buscan contrarrestar los requerimientos judiciales a nivel nacional, órdenes judiciales que pueden impedir que una política o acción se aplique en todo el país, y no solo a las partes implicadas en el litigio. Esta maniobra ha sido utilizada tanto por las gestiones demócratas como por las republicanas, y se ha mantenido un debate por años sobre este tipo de medidas.

En sus solicitudes al tribunal, Sarah Harris, procuradora general en funciones, calificó de “modesta” la petición del gobierno de limitar la suspensión a “las partes que realmente están dentro del poder de los tribunales”.

En las tres solicitudes de emergencia aparecen 22 estados y el Distrito de Columbia como partes en las demandas.

“Los requerimientos judiciales universales han alcanzado proporciones epidémicas desde el inicio del actual gobierno”, escribió Harris.

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Una serie de medidas políticas iniciales de Trump han sido bloqueadas a nivel nacional por jueces que han impuesto requerimientos judiciales similares mientras se estudian las demandas que cuestionan su legalidad.

Los expertos legales dicen que una decisión de los jueces para deshacer los requerimientos judiciales a nivel nacional podría tener implicaciones para una serie de desafíos legales a las acciones de Trump. Hasta ahora, los jueces federales han emitido requerimientos a nivel nacional que bloquean el despido de trabajadores federales, el congelamiento de la financiación federal y la reubicación de mujeres trans en cárceles federales a instalaciones para hombres.

El sistema legal podría desbordarse si los jueces federales dejaran de tener la facultad de suspender temporalmente una política a nivel nacional mientras el litigio sigue su curso en los tribunales inferiores, señaló Amanda Frost, profesora de derecho de la Universidad de Virginia que ha escrito extensamente sobre los requerimientos judiciales a escala nacional.

Esto se debe a que las personas afectadas por la política en los estados que aún no están involucrados en desafiar al gobierno de Trump probablemente presentarían desafíos legales individuales. Ese enfoque podría añadir miles de casos al sistema judicial, añadió Frost, y no todos los afectados por la medida tendrían los medios para desafiarla.

“Se está pidiendo a todas y cada una de esas familias que presenten una demanda”, dijo Frost. “Durante un año, dos o tres, mientras el caso llega a la Corte Suprema, muchas personas pueden resultar perjudicadas”.

Los críticos de los requerimientos judiciales a nivel nacional afirman que el vasto alcance de las medidas ha llevado a una mayor politización de las cortes porque los jueces emiten resoluciones de emergencia antes de que se hayan oído los razonamientos de los casos.

“Los casos de desagravio universal están llevando a los tribunales a actuar con rapidez”, dijo Samuel Bray, profesor de derecho de Notre Dame.

Bray dijo que la legalidad de los requerimientos judiciales a nivel nacional se ha planteado ante la Corte Suprema en diversas ocasiones en los últimos 10 años, pero que los jueces no se han pronunciado de manera directa. Dijo que veía el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento como “una vía inusualmente buena” para que la corte decidiera sobre dichos requerimientos.

Algunos jueces han expresado su escepticismo sobre los requerimientos judiciales a nivel nacional, pero no está claro si aceptarán tomar el caso con carácter de urgencia. Incluso si rechazan las peticiones de emergencia del gobierno de Trump, la corte podría decidir retomar el litigio y pronunciarse sobre la cuestión más central de si la ciudadanía por derecho de nacimiento está garantizada en la Constitución una vez que las demandas hayan pasado por los tribunales de apelación.

La ciudadanía por derecho de nacimiento se considera desde hace tiempo un principio fundacional de Estados Unidos. La Decimocuarta Enmienda, ratificada tras la Guerra Civil, establece que son estadounidenses “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”. En el caso histórico de 1898 Estados Unidos contra Wong Kim Ark, la Corte Suprema afirmó la garantía de ciudadanía automática para casi todos los niños nacidos en el país. Desde entonces, los tribunales han mantenido esa interpretación amplia.

Pero un pequeño grupo de juristas, entre los que se encuentra John Eastman, abogado conocido por haber elaborado el plan para bloquear la certificación de las elecciones de 2020, ha presionado para que se reinterprete el caso Wong Kim Ark. Trump y sus aliados sostienen que la Decimocuarta Enmienda nunca debió interpretarse en el sentido de que otorgaba la ciudadanía a todos los nacidos en el país. Señalan una frase de enmienda que limita la ciudadanía por derecho de nacimiento a los “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.

Con información de nytimes.com