La campaña electoral en Colombia se ha visto empañada por la tragedia, ya que al menos siete candidatos han sido asesinados en un clima de creciente inseguridad. Las elecciones, programadas para el próximo domingo, abarcan la elección de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados regionales y ediles de Juntas Administrativas Locales en todo el país.

10/26/2023. El anuncio sobre el sombrío balance de violencia lo hizo el fiscal general, Francisco Barbosa, en una rueda de prensa este miércoles.

La violencia electoral ha dejado una marca indeleble en este proceso democrático, ya que seis de las víctimas eran candidatos a concejos y uno a una Junta Administrativa Local (JAL). Los partidos políticos no han escapado de la tragedia, con candidatos de diferentes afiliaciones políticas cayendo víctimas de la violencia. Dos de los candidatos asesinados pertenecían al Partido Liberal, mientras que los demás eran miembros de la coalición oficialista Pacto Histórico, así como de los partidos Alianza Verde, Gente en Movimiento, Cambio Radical y Creemos.

El fiscal general, Francisco Barbosa, proporcionó detalles sombríos sobre los lugares donde se cometieron los crímenes. Las tragedias ocurrieron en Taminango, Guachené, Pradera y Jamundí, en el suroeste del país; en Honda, cercano a Bogotá; Mutatá, en el departamento de Antioquia; y en Cartagena de Indias. Hasta la fecha, se han documentado siete homicidios y siete intentos de homicidio en el contexto de estas elecciones, y la Fiscalía ha recibido un asombroso total de 531 denuncias de amenazas contra candidatos.

Barbosa también resaltó el compromiso de la Fiscalía para abordar esta situación, indicando que tienen abiertos 1.519 casos como parte de una «estrategia transitoria de investigación y judicialización» para las elecciones. El fiscal subrayó la importancia de su equipo de 5.700 funcionarios en todo el territorio nacional, dedicados a garantizar la seguridad en las elecciones.

Uno de los instrumentos claves en esta lucha contra la violencia electoral es el «mapa de riesgo electoral» diseñado por la Fiscalía, que analiza la situación de seguridad en los municipios de Colombia. Según Barbosa, este mapa ha revelado que 261 municipios se encuentran en un alto riesgo de enfrentar problemas relacionados con las elecciones, y 494 municipios están en riesgo medio. Es un hecho alarmante que más de la mitad del país esté en riesgo en el contexto de este proceso electoral.

Por su parte, la Policía ha estado trabajando incansablemente para abordar las preocupaciones relacionadas con delitos electorales en los comicios regionales y nacionales. En un comunicado emitido el martes, la Policía informó que ha atendido 211 denuncias sobre posibles delitos electorales. Los municipios que han sido epicentro de la mayoría de estas alertas son Cartagena de Indias, Bogotá, Pasto, Jamundí y Soacha, siendo esta última una localidad vecina de la capital colombiana.

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La Policía ha tenido que lidiar con una amplia gama de denuncias, incluyendo 140 relacionadas con posibles fraudes en la inscripción de cédulas, 25 por constreñimiento y 21 por corrupción del sufragante, entre otros delitos electorales. Estos incidentes ponen de manifiesto los desafíos significativos que enfrenta Colombia en su búsqueda de un proceso electoral libre y justo.

La violencia en la campaña electoral colombiana es un recordatorio de los retos que el país enfrenta en su camino hacia una democracia estable. Las elecciones del próximo domingo serán un testimonio de la resiliencia de la democracia colombiana y una prueba crítica para las autoridades encargadas de garantizar elecciones justas y seguras. Con la contienda a la vuelta de la esquina, el país está en vilo, esperando que estos actos violentos no desemboquen en un desenlace electoral manchado por la tragedia.

Redacción con IA supervisada por periodista de DHH sobre información de EFE