El panorama político y económico de Colombia enfrenta un momento de alta fricción tras la reciente intervención de la rama judicial sobre las facultades excepcionales del Ejecutivo. El decreto de emergencia económica, expedido originalmente en diciembre, fue concebido por la administración de Gustavo Petro como una herramienta para enfrentar un déficit fiscal crítico y el riesgo inminente de no contar con los recursos para pagar la deuda nacional.
01/29/2026. El núcleo de esta medida buscaba resolver una disputa distributiva: determinar quién asumiría el peso de la crisis, bajo la premisa gubernamental de que los sectores más adinerados —los denominados «megarricos»— debían aportar más a través de normas tributarias sobre el impuesto al patrimonio y al IVA, evitando que la carga recayera en las poblaciones vulnerables. Según el mandatario, la emergencia era necesaria para contrarrestar el déficit provocado por subsidios a la gasolina y las políticas de altas tasas de interés del Banco de la República.
Corte decide suspension
Sin embargo, en una decisión sin precedentes, la Corte Constitucional ordenó la suspensión provisional del decreto con una votación de 6 a 2. Este fallo representa un hito jurídico, ya que es la primera vez que el alto tribunal utiliza la figura de suspensión provisional contra un decreto de estado de emergencia en el ordenamiento del país. Bajo la ponencia del magistrado Carlos Camargo, la Sala Plena determinó que la medida era imperativa para evitar la consolidación de efectos inconstitucionales que serían «materialmente imposibles» de revertir si se esperaba hasta el fallo de fondo. El tribunal también consideró diversos conceptos técnicos, como el del economista Jorge Iván González, quien argumentó que las razones invocadas por el Gobierno no tenían un carácter «sobreviniente» o inesperado, sino que eran manejables bajo la normalidad presupuestal.
Petro amenaza con consecuencias
La reacción del Ejecutivo ante el bloqueo de su agenda económica fue inmediata y desafiante. El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia directa, asegurando que «ahora vendrán las consecuencias» y acusó a la Corte de «socializar una crisis mayor» al proteger el patrimonio de los más ricos. Petro arremetió específicamente contra el magistrado Camargo, tildándolo de corresponsable de una futura crisis fiscal y cuestionando la independencia de la decisión.
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En sintonía con el mandatario, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue el primer funcionario en fustigar la decisión judicial, afirmando que la Corte “está protegiendo a los más ricos y a los que más tienen en Colombia”. Benedetti defendió la necesidad de la emergencia como el único camino para que la deuda no fuera cancelada por los sectores más pobres, calificando el fallo como un obstáculo para la justicia social que el Gobierno pretende implementar.
Redacción Elena Calzadilla para DHH.
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