Buscando enfriar el fuego cruzado entre los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Donald Trump de Estados Unidos, la Canciller colombiana Rosa Villavicencio y el Encargado de Negocios estadounidense en Bogotá, John McNamara, sostuvieron un encuentro de alto nivel en la capital colombiana. La reunión, celebrada en medio de una atmósfera de confrontación calificada como «la peor crisis entre ambos países en décadas», culminó con el compromiso de reactivar los canales de diálogo bilaterales.
10/23/2025. La cita tuvo como propósito fundamental encontrar una salida diplomática a las tensiones avivadas por el reciente cruce de declaraciones entre los dos jefes de Estado. Como medida concreta para restablecer el contacto directo con Washington, se confirmó que el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, quien había sido llamado a consultas, retornará a sus actividades en Washington.
Reactivación de diálogos clave
Durante el encuentro en Bogotá, se definieron puntos claros para encauzar las relaciones a futuro. Colombia propuso formalmente reactivar los «mecanismos bilaterales existentes», destacando el Diálogo de Alto Nivel con Estados Unidos (DAN) y el Grupo de Trabajo Antinarcóticos (GTA).
Este acercamiento se produce después de semanas de escalada retórica y acciones de política exterior concretas. La Casa Blanca ha elevado la tensión calificando a Petro de «líder ilegal del narcotráfico», «matón», y «maleante». En respuesta, Estados Unidos ha tomado medidas punitivas, incluyendo el retiro de Colombia de la lista de países aliados contra el narcotráfico, la revocación de la visa a Petro y a varios de sus funcionarios, y el anuncio del fin de la ayuda financiera. Además, Trump ha amenazado con la imposición de aranceles a productos exportados a Estados Unidos.
Ejecuciones extrajudiciales en alta mar
La confrontación no se limita al plano verbal. La crisis se ha intensificado por las operaciones militares y de inteligencia desplegadas por Estados Unidos en aguas caribeñas y del Pacífico.
Previo al encuentro diplomático, el presidente Petro acusó a Washington de cometer «ejecuciones extrajudiciales» en sus ataques contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas. Petro afirmó que el gobierno de Donald Trump ha causado la muerte de 37 personas en nueve ataques, uno de los cuales ocurrió cerca de aguas colombianas.
Según el mandatario colombiano, Estados Unidos ha desplegado una flotilla compuesta por destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales, que desde el 2 de septiembre ataca estas embarcaciones y publica videos de sus restos en llamas. Petro insiste en que, culpables o no de narcotráfico, existe un «uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario». Colombia también ha alegado que Estados Unidos violó aguas nacionales y en uno de los ataques «asesinó» a un pescador colombiano.
Trump, por su parte, defendió sus acciones y advirtió a Petro de que debe «tener cuidado porque tomaremos acciones contra él y su país». El miércoles, el líder estadounidense anunció que prepara ataques contra narcotraficantes que operan por tierra, argumentando que la vía marítima de salida de droga hacia Estados Unidos se está reduciendo.
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El fantasma de la financiación chavista
En paralelo al cruce verbal y las acciones militares, Washington decidió reabrir un tema sensible en Bogotá: el presunto dinero del régimen venezolano de Nicolás Maduro en la campaña de Gustavo Petro de 2022.
Esta reapertura de la controversia es impulsada por declaraciones de exfuncionarios estadounidenses y la versión del exdirector de Inteligencia de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal. Carvajal, quien se declaró culpable en junio de 2025 ante tribunales de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y conspiración, había afirmado que «el Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años». En este contexto, Carvajal mencionó a Gustavo Petro como uno de los «receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano».
Aunque no existe en el dominio público una prueba judicial incontrovertible que muestre transferencias bancarias directas de Caracas a la campaña de Petro, la aparición de cualquier evidencia fuerte sobre el respaldo financiero de Venezuela a la causa petrista sería una materia sensible, ya que este tipo de ayudas está vedado por la Constitución y las leyes colombianas.
A pesar de la tregua diplomática anunciada, las consecuencias de esta crisis podrían ser de gran alcance si se hallan evidencias fehacientes de financiación ilícita, lo que podría llevar a investigaciones penales transnacionales y a un quiebre aún mayor en la cooperación de seguridad regional.
Petro ha manifestado su intención de defenderse judicialmente con abogados estadounidenses y ha abierto la puerta a un diálogo directo con Trump, señalando que los gobiernos de producción y consumo de drogas deben ser capaces de «construir estrategias comunes». Además, el mandatario colombiano buscaría la presencia de Trump en la COP30 en Brasil en noviembre para llevar sus propuestas sobre la lucha contra las drogas y el cambio climático directamente al jefe de la Casa Blanca. La agenda inmediata dependerá ahora de si agencias internacionales presentan evidencia nueva y procesable, y de la dinámica política entre Bogotá y Washington, que por ahora parece encaminada hacia una confrontación que sigue latente.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.
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