La coyuntura política colombiana ha escalado a niveles sin precedentes tras la inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa (o exesposa) Verónica Alcocer, el ministro del Interior y su hijo mayor en la temida Lista Clinton (emitida por la OFAC).
10/26/2025. Este golpe, que ha sido calificado como «muy fuerte» para la institucionalidad política del país y para el futuro del propio mandatario, ha generado ramificaciones políticas y legales enormes. Sin embargo, la noticia de la semana se centra en la defensa inusual de Petro: la revelación de que ya no sería cónyuge de Verónica Alcocer.
El desvelo de la separación y la contradicción oficial
En un extenso trino, el presidente Petro confirmó que Verónica Alcocer ya ni siquiera es su esposa, pues afirma que están separados desde hace años. Este anuncio, que muchos analistas perciben como un intento por manejar la implicación de la sanción internacional, ha desatado un escándalo de orden público y financiero.
La revelación presidencial contradice vehementemente antecedentes recientes. En 2022, cuando los rumores de separación ya circulaban, Alcocer fue consultada y respondió «como una mujer completamente enamorada». Lo más grave, según fuentes como el concejal Daniel Briseño, es que en la declaración de conflicto de interés del 1 de noviembre de 2024, Petro declaró a Verónica Alcocer como su cónyuge. Esto lleva a la pregunta: ¿mintió Petro al país o falsificó el reporte oficial?.
Abuso de recursos públicos: ¿un engaño al pueblo colombiano?
Más allá del componente de «farandulización» o asuntos del corazón, el eje del problema se convierte en un asunto de Estado. Durante años, y especialmente desde 2022, Verónica Alcocer ha sido tratada financieramente como Primera Dama. En esta calidad, el Estado colombiano, costeado por los impuestos de todos los ciudadanos, ha pagado sus viajes, esquemas de seguridad, camionetas, y su participación en asuntos oficiales, incluyendo un viaje al Vaticano.
Si la pareja estaba separada formalmente, los analistas coinciden en que hubo un engaño al pueblo colombiano y a la institucionalidad. Se habría utilizado una condición que no existía para abusar de los recursos públicos. La legislación colombiana demanda que el mandatario que ejerza la presidencia esté casado y tenga familia; por lo tanto, muchos sugieren que Petro y Alcocer pudieron haber llegado a un acuerdo para cumplir con este requisito implícito.
La revista La Silla Vacía ha documentado extensamente el séquito de Alcocer, que viajaba con maquillador personal, vestuarista, fotógrafo profesional, su mejor amiga y una asesora personal con sueldo de ministro. En el primer año de gobierno, los viajes de ella superaron los 1.000 millones de pesos en gastos del erario público. Si no es la Primera Dama, la pregunta es por qué ejerció ese rol utilizando dinero público.
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La sanción: un golpe personalizado
La inclusión en la Lista Clinton sitúa a Petro al nivel de figuras sancionadas como Nicolás Maduro, Daniel Ortega, el Clan del Golfo y el Tren de Aragua. Esta medida es vista como una consecuencia directa de que el propio Petro «personalizó la confrontación con los Estados Unidos», buscando su beneficio y liderazgo individual en lugar del interés común.
Aunque las declaraciones del expresidente Trump, quien llamó a Petro un líder del narcotráfico, suenan «desproporcionadas y desfasadas», los expertos señalan que los países institucionalizados como EE. UU. no toman estas decisiones sin fundamentos necesarios. La gravedad recae en el texto del comunicado de la OFAC, que le otorga condiciones institucionales a la situación.
De hecho, la crisis podría intensificarse. Se estaría preparando un indikmen (acusación formal) contra el presidente. Este proceso estaría amparado en el testimonio de figuras clave como un exmilitar venezolano preso que, según se reporta, «está cantando de lo lindo en Estados Unidos», además de las afirmaciones de otros actores como el «Pollo Carvajal» (exjefe de inteligencia venezolano) y «Alias Fito». La condición institucional que le otorga la OFAC en la actualización de la hoja implica que, sin ninguna duda, hay pruebas detrás de las decisiones tomadas.
Redacción DHH sobre lectura de agencias.
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