La decisión del gobierno Mulino de cerrar tres pasos fronterizos del Darién podría traducirse en condiciones más precarias para los inmigrantes indocumentados que llegan masivamente al Urabá antioqueño y chocoano.

07/06/2024. «Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales. No permitiré complicidades locales». Estas palabras del nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante su discurso de posesión el pasado 1 de julio, fueron la antesala a las primeras medidas anunciadas por su gobierno para erigir mano dura contra la inmigración irregular en el tapón del Darién, las cuales han prendido las alertas por el posible recrudecimiento de la crisis humanitaria en los municipios de Colombia que son corredores de paso para cruzar esta selva.

El mismo día en que se posesionó la nueva administración, se firmó con Estados Unidos un memorando de entendimiento con el que la Casa Blanca «se compromete a cubrir el gasto de la repatriación» de inmigrantes indocumentados que llegan al país centroamericano cruzando el Darién. Seis millones de dólares fueron destinados por parte de EE.UU. 

Apenas dos días después, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá emitió un comunicado anunciando el cierre de tres pasos de uso frecuente por quienes hacen el tránsito desde territorio colombiano por el Darién con una «barrera perimetral» para «canalizar» el flujo sobre esta ruta irregular que entre enero y junio de 2024 han utilizado 194.747 personas, de acuerdo con datos de la Operación Flujo Controlado de Migración Panamá. Las proyecciones de Unicef calculan que, al ritmo actual, unas 800.000 personas podrían cruzar la selva este año.

Aunque expertos señalan que es improbable que esta política se aplique, desde medios locales panameños ya se habla de la instalación de vallas de alambres de púas. Incluso, servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, en función de su rol misional, estuvieron en la vereda Astí, uno de los puntos fronterizos con Panamá. Allí evidenciaron cómo la instalación de una cerca con alambre de púas, de aproximadamente 80 metros de longitud, impide el paso a pie por el camino que conduce a territorio rural del país centroamericano.

Ante este panorama, desde organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo advierten aumentará el represamiento de personas en los municipios colombianos receptores de inmigrantes, concretamente en los cascos urbanos de Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía, pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocoano.

“El país no está preparado para atender una crisis así. Se aumentaría la confrontación entre migrantes y comunidades locales y se expondría a los migrantes que duermen en la playa a mayores abusos, incluyendo la violencia sexual”, aseguró Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

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Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos, indicó que los efectos a corto plazo incluyen también el aumento de enfermedades y desnutrición. Y es que, en Necoclí, por ejemplo, el hospital municipal embargó las cuentas de la alcaldía por deudas que superan los 800 millones de pesos por la atención a esta población desde 2020.

“Para la Procuraduría General de la Nación es profundamente preocupante estos anuncios. Implicaría que se agudiza la crisis humanitaria en los municipios de Necoclí, Acandí y Turbo”, dijo el funcionario.

“Se traduciría en falta de acceso a agua, alimentos y asistencia médica. También podrá generar afectaciones ambientales por el paso de los migrantes en zonas protegidas causando daños a ecosistemas sensibles e incluso problemas de salud pública”, manifestó Rodrigo Tannus, experto en migración.

En mayo, el promedio diario de inmigrantes irregulares que llegaron a estas zonas con la intención de atravesar la frontera selvática de 266 kilómetros de largo y 575.000 hectáreas de superficie fue de 900 personas. En la Procuraduría se tienen registros de picos en los que se ha llegado hasta los 3.000 inmigrantes.

Desde el Consejo Comunitario de la Cuenca del río Acandí afirmaron que, pese a que la situación en este momento es de normalidad, es posible que los próximos días se complique la estadía de esta población en municipios como Acandí y Capurganá.

Emigdio Pertuz, representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca Río Acandí, Cocoma Norte, puntualizó que mallas no están resultando efectivas. “Los caminos que teníamos nosotros como nativos, tradicionalmente que no tienen nada que ver con migrantes, se nos está impidiendo el tránsito normal. Y además, lo que ha sucedido es que los migrantes simplemente lo hacen en que cortan los árboles, lo colocan sobre el alambre y pasan sobre los árboles. Entonces, esa malla no está impidiendo absolutamente nada, lo que está generando es más riesgo”.

En ese sentido, la directora de HRW expresó que un segundo problema será la presión a la que serán sometidos los inmigrantes para tomar otras rutas todavía más arriesgadas: “Lo más probable es que los migrantes sean empujados a pasos aún más peligrosos y costosos por la costa pacífica. Esto ampliaría los riesgos para los migrantes y seguramente violaría las obligaciones internacionales de Panamá en materia de refugio y asilo”, enfatizó.

Estas nuevas rutas serían exploradas por el ‘clan del Golfo’, la estructura criminal que de acuerdo con el más reciente informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), mantiene el monopolio de la actividad ilícita sin un verdadero competidor. Con dicho control, que incluye el transporte en barco, la organización obtiene entre 160 y 400 dólares estadounidenses por persona y el estudio indica que las ganancias que extraen de las personas migrantes son actualmente, junto con la cocaína y la extracción ilícita de metales preciosos, la principal fuente de ingresos.

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