La magistrada Ketanji Brown Jackson denuncia una creciente amenaza no solo a la democracia, sino de violencia física, y de venganzas profesionales en todo el país.

05/02/2025. Ketanji Brown Jackson ha alzado la voz de alerta. La jueza constitucional, que llegó en 2022 al Tribunal Supremo nominada por el presidente Joe Biden, se ha convertido en la primera magistrada que denuncia con todas sus letras el embate que la judicatura federal está viviendo por parte de la Administración de Donald Trump. “Los jueces se están enfrentando a una creciente amenaza no solo de violencia física, sino de venganzas profesionales en todo el país. Y esto es solo por hacer su trabajo”, aseguró la jueza en una conferencia de magistrados celebrada esta semana en Puerto Rico. Brown Jackson advirtió que los ataques no son aislados, sino que “están diseñados para intimidar a quienes sirven en esta tarea fundamental” en la sociedad.

“Las amenazas y el acoso son ataques a nuestra democracia, a nuestro sistema de gobierno. Y el riesgo es que terminen socavando la Constitución y el Estado de derecho”, advirtió. La jueza evitó en su discurso mencionar al presidente Trump por su nombre, pero se refirió al “elefante en la habitación”. Esto después de semanas en las que funcionarios del Gabinete, cuando no el propio mandatario, han cargado contra los jueces que han emitido fallos contrarios a los intereses de la Administración. El tira y afloja ha tenido incluso un nombre propio, el de James Boasberg, un juez centrista que se opuso a las deportaciones sumarias que el poder ejecutivo contempló para decenas de miles de ciudadanos de El Salvador y Venezuela.

Trump calificó a Boasberg de “lunático” y pidió al Congreso, controlado por los republicanos, abrir un juicio político (impeachment) contra el juez que frenó la invocación de la polémica ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para expulsar extranjeros con pocos obstáculos judiciales. Las airadas críticas del trumpismo llevaron a John Roberts, el presidente del Supremo, a emitir un inusual comunicado, en el que expresó que las diferencias entre el ejecutivo y el judicial debían dirimirse a través de los canales institucionales, en este caso una apelación ante un tribunal. “La destitución no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión”, indicó entonces Roberts, quien llegó al máximo tribunal nombrado por George W. Bush.

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Brown Jackson también hizo referencia a este belicoso lenguaje beligerante usado por la Administración y los funcionarios contra los jueces. El asesor presidencial Stephen Miller, el cerebro de las principales estrategias de deportación de indocumentados, ha sido uno de los más feroces críticos del poder judicial. Ha fustigado los fallos deslegitimando a quienes los han emitido por no haber sido electos y los ha calificado de “comunistas”.

El discurso de Brown Jackson duró menos de 20 minutos, pero sus críticas fueron muy bien recibidas por la audiencia, compuesta en su mayoría por funcionarios judiciales. Estos la ovacionaron varias veces de pie, de acuerdo a Político, el primer medio que informó sobre las palabras de la togada. Esta forma parte de la minoría progresista que hay actualmente dentro del Supremo, donde los seis jueces conservadores llevan la batuta.

“Les invito a que sigan haciendo su trabajo, a que sigan haciendo lo que es correcto para este país. Estoy segura de que la historia reivindicará el servicio que han prestado”, les dijo la jueza, la primera mujer afroamericana que ha llegado al Tribunal constitucional estadounidense. Desde que llegó al banquillo del Supremo, Brown Jackson, de 54 años, había guardado un perfil bajo, limitando sus apariciones públicas. La mayoría de sus discursos se habían enfocado en su historia personal, en cómo la hija de dos profesionistas de clase media educados en colegios segregados y criada en Miami hizo historia.

La voz de alerta de Ketanji Brown Jackson se dio apenas horas después de que Kamala Harris reapareciera en San Francisco con un diagnóstico similar. “Estamos viviendo un momento en que el equilibrio de los poderes comienza a tambalearse. Cuando este finalmente colapsa, eso se llama crisis constitucional. Nos afectará a todos porque significa que las reglas que protegen nuestros derechos y libertades ya no tendrán importancia”, señaló la excandidata presidencial frente a una organización feminista.

Organizaciones como Speak Up for Justice han advertido del incremento de las amenazas contra los juzgadores. Este grupo sin fines de lucro ha recordado un tenebroso ejemplo reciente, en el que varios jueces recibieron en sus domicilios pizzas que no pidieron. El mensaje era claro: sabemos donde viven.

Con información de elpais.com