Antiguos negociadores y expertos en temas de paz hablaron con El Espectador sobre la propuesta que ya está sobre la mesa. No parece fácil dialogar y buscar acuerdos con una cantidad de grupos ilegales disímiles, pero el Gobierno está jugado. 

El gobierno de Gustavo Petro parece marchar firme con su iniciativa de la “paz total” para tratar de acabar con el conflicto armado en Colombia. La semana pasada presentó en el Congreso el proyecto de ley con el que se busca prorrogar y modificar la Ley 418 de 1997, también llamada Ley de Orden Público, la cual, entre otras cosas, faculta al presidente para negociar con grupos armados ilegales. Con un Legislativo mayoritariamente oficialista, la iniciativa parece que no tendrá mayores trabas para aprobarse. Aun así, varios puntos que contempla no dejan de inquietar a quienes consideran que puede estar dejando de lado algunas realidades y descuida, principalmente, aspectos de seguridad y justicia. 

Dentro de dichas inquietudes, de las que más quedó sonando fue la de sustituir el servicio militar obligatorio por un “servicio social para la paz”, en el cual los jóvenes, en vez de ir a la guerra y participar en el conflicto, serían gestores o veedores de que los posibles acuerdos a los que se llegue se cumplan en las zonas rurales del país, ya que es allí donde se está enfocando la nueva iniciativa. Para Hugo Acero, experto en temas de justicia y seguridad, esta propuesta era algo que debía esperarse, pues “desde la campaña del entonces candidato Gustavo Petro se dijo que iban a acabar el servicio militar obligatorio, y con esta propuesta se está cumpliendo con esa promesa”. 

Sin embargo, Acero también advierte que esta idea “tiene un efecto sobre la reducción de miembros de la Fuerza Pública, porque también incluye a la Policía, que hoy cuenta con un buen número de auxiliares bachilleres”. Para el experto, para suplir este posible déficit de fuerza, la solución sería que “en el caso de las Fuerza Militares deberían ser reemplazados por soldados profesionales y en la Policía por nuevos patrulleros, que tendrían un costo alto y cuyos recursos hoy no están en los presupuestos institucionales y tendrían que ser entregados por el Ministerio de Hacienda, situación que actualmente no es tan fácil en medio de la crisis económica por la que está pasando el país”. 

Por otra parte, hay zozobra con la propuesta de dialogar y negociar grupo por grupo y en un mismo momento, algo que muchos ven como ambicioso y arriesgado. Para algunos negociadores de procesos de paz en el pasado, allí es donde el mandatario puede encontrar un obstáculo que complique las cosas que tan fácil le están resultando, al menos en el Legislativo. Para Guillermo Rivera, ministro del Interior durante el mandato de Juan Manuel Santos y partícipe del proceso de paz que se adelantó con las extintas Farc, “el mayor reto es lograr tener éxito en una negociación en simultánea con organizaciones armadas de distinta naturaleza”. 

En este sentido, sobre la diferencia de esos distintos actores armados que ocupan Colombia, Rivera sostiene que lo primero debe ser identificarlos. Por ejemplo, en el caso del Ejército de Liberación Nacional (Eln), guerrilla con la que ya el Gobierno avanza en conversaciones, se debe reconocer su origen político, lo cual haría que el Gobierno “pueda avanzar en un proceso para llegar a un acuerdo de terminación del conflicto, lo cual le permite usar instrumentos de justicia transicional que harían que Colombia respete sus compromisos internacionales y, desde luego, que no exista impunidad”.