El Gobierno ecuatoriano necesita más herramientas para lidiar con la inseguridad y la violencia que se aceleró hace dos años. El presidente Guillermo Lasso ha reprochado en un sinnúmero de pronunciamientos que se siente limitado por el ordenamiento jurídico y ha convocado a una consulta popular que también sirve de examen a su primer año de administración. Quiere que los ecuatorianos vayan a las urnas para decidir si se amplían las atribuciones del Ejército y del sistema de Justicia, así como para poner coto a la proliferación de partidos políticos que no tengan el suficiente respaldo en firmas.

Luego que el presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó la mañana de este lunes 12 de septiembre las ocho preguntas que posiblemente serían incluidas en una consulta popular, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, llegó a la Corte Constitucional (CC) para que el trámite siga su curso.

Jiménez arribo acompañado de los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa, Luis Lara.

La CC tiene ahora un plazo máximo de 20 días para pronunciarse sobre el proyecto, según lo esablece el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Si en este período no existe algún dictamen, se entenderá que la CC aprueba llevar a cabo la consulta popular.

La propuesta del Ejecutivo es enmendar artículos de la Constitución de la República, no obstante, la CC deberá determinar si el referéndum es la vía propicia para realizar estar reformas.

El organismo además tiene que validar cada pregunta y determinar, por ejemplo, que solo se formule una sola cuestión por cada interrogante.

Según el abogado constitucionalista Emilio Suárez, si algún ciudadano desea impugnar alguna de las preguntas, podría intervenir en este proceso presentando el recurso legal amicus curiaeante la CC.

Suárez añade que, de existir la aprobación total por parte de la CC, el jefe de Estado deberá emitir un decreto en el que ordene al Consejo Nacional Electoral (CNE) que organice la consulta popular, un proceso que el Ejecutivo espera que se lleve a cabo el 5 de febrero de 2023, junto a las elecciones seccionales.