La decisión del gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel ha sumido a Ecuador en una espiral de tensión social y política, desatando protestas y bloqueos viales en al menos cinco provincias y generando una ola de rechazo desde diversos frentes, incluyendo el movimiento indígena, sindicatos de trabajadores y gremios de transportistas. La medida, que elevó el precio del galón de diésel de 1,79 a 2,80 dólares desde el 13 de septiembre de 2025, ha sido el catalizador de un descontento que amenaza con escalar.
09/15/2025. La mañana del 15 de septiembre, el país amaneció con carreteras bloqueadas en Carchi, Azuay, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha. En Carchi, los manifestantes cerraron puntos clave como el tramo San Gabriel–La Paz y la vía Tulcán–Julio Andrade. Fue precisamente en Julio Andrade donde se registraron los primeros enfrentamientos, cuando la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que bloqueaban una vía a la altura del cementerio local. En Pichincha, a pesar de que los líderes transportistas habían anunciado la suspensión del paro mientras dialogaban con el gobierno, se reportaron cierres en la Panamericana Sur, en el sector de Alóag, y en la Panamericana Norte con Avenida Simón Bolívar.
La respuesta de los sectores sociales ha sido contundente. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) calificó la medida como un «paquetazo» y anunció que convocará a un Consejo Ampliado para definir «acciones colectivas». Leonidas Iza, figura prominente del movimiento, fue más allá y lanzó un «¡Fuera, Noboa, Fuera!», recordando las protestas de 2019 y 2022 por motivos similares. Por su parte, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunció movilizaciones y plantones para los días 17, 18 y 23 de septiembre, calificando la eliminación del subsidio como un «ataque a la economía de los trabajadores».
El malestar también se ha hecho sentir en las ciudades. En Cuenca, los transportistas realizaron una marcha por el centro de la ciudad, mientras que en Guayaquil, usuarios reportaron una menor frecuencia de buses urbanos y largas esperas de hasta dos horas para poder transportarse.
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¿Por qué se eliminó un subsidio de 50 años?
El gobierno de Daniel Noboa justificó la eliminación del subsidio al diésel, vigente desde 1974, como una medida «necesaria y oportuna» para la salud económica del país. Según el comunicado oficial, esta subvención representaba una carga de 1.100 millones de dólares anuales para el Estado. La administración argumenta que gran parte de estos recursos no beneficiaban a los sectores más vulnerables, sino que se desviaban hacia actividades ilegales como el contrabando y la minería ilegal. La intención, según el gobierno, es «redirigir los recursos hacia sectores sociales y productivos más necesitados» a través de un paquete de 18 medidas de compensación.
Como respuesta a la crisis, el gobierno ha intentado calmar los ánimos con un plan de compensaciones. Anunció el depósito de más de 1.1 millones de dólares a 1.665 transportistas como parte de un programa de incentivos productivos que durará ocho meses. Además, se informó de la entrega de 100.000 dólares a 70.000 agricultores a través del «Bono Raíces» y se ha prometido un Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias vulnerables. Sin embargo, la CONAIE ha desestimado estas ayudas, calificándolas de «migajas temporales».
Mientras tanto, el tablero político se agita. El movimiento Pachakutik lanzó un ultimátum al gobierno, advirtiendo que no apoyarán más sus iniciativas en la Asamblea Nacional si no se revierte la medida. A esta postura se sumó la bancada del correísmo, que anunció un proceso de fiscalización a varios ministros y solicitó la suspensión de los decretos que eliminan el subsidio.
En un intento por controlar la situación, el presidente Noboa trasladó la sede de gobierno a Latacunga, una decisión que la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, calificó de «provocación» y «equivocada». Desde allí, la vocera de la presidencia afirmó que «no hay espacio para la negociación entendida como una suerte de presiones», dejando claro que el gobierno no planea dar marcha atrás. Con las calles caldeadas y el diálogo político fracturado, Ecuador se enfrenta a una nueva prueba de gobernabilidad.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.
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