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Ecuador: 20 de agosto elecciones; corte evalúa decreto de Lasso

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El país podría celebrar elecciones legislativas y presidenciales anticipadas el próximo 20 de agosto, señaló este 18 de mayo el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea en medio de un juicio político en su contra.

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre si la medida es o no viable. De bloquearla, el Legislativo seguiría en funciones y el llamado a comicios sería cancelado. De dar su luz verde, la nación deberá acudir a las urnas.

Ecuador vive momentos de tensión política, luego de que el presidente Guillermo Lasso invocara el recurso de la Constitución conocido como ‘muerte cruzada’ para disolver un Parlamento que estaba a punto de votar en un juicio político en su contra.

En las últimas horas, la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, anunció el domingo 20 de agosto como la fecha tentativa para la celebración de comicios generales anticipados, como dicta la aplicación del mecanismo constitucional al que optó Lasso un día antes.

No obstante, la posible fecha para acudir a las urnas aún debe ser ratificada por el pleno del órgano electoral.

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Para el CNE «es un desafío enorme en cuanto todo se contrae en los tiempos previstos en la Constitución y en la ley», subrayó Atamaint al recordar que un proceso electoral normal se prepara con un año de anticipación, pero ahora lo deben hacer en noventa días para la primera vuelta.

Corte Constitucional deberá evaluar demanda de «inconstitucionalidad» contra la disolución de la Asamblea

Un grupo de exlegisladores, encabezado por Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), presentó ante la Corte Constitucional de la nación una demanda de «inconstitucionalidad» contra el decreto 741 firmado por el presidente.

Ese tribunal ya seleccionó por sorteo a los jueces que deberán estudiar la demanda. Se trata de los magistrados Pablo Herrería Bonnet y Jhoel Escudero Soliz.

Aunque aún es incierto cuándo el país conocerá la decisión de la Corte Constitucional, Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea disuelta, exigió «un pronunciamiento inmediato».

«Exigimos que el Tribunal Constitucional actúe, ellos son los garantes de la Constitución, son los que tienen que resolver (la situación)», afirmó Saquicela, quien había sido elegido para el cargo apenas la semana pasada. El ex legislador aseguró que Lasso había «manipulado» la Carta Magna del país.

El recurso de ‘muerte cruzada’, establecido mediante el decreto 741 firmado por el mandatario, disolvió la Asamblea Nacional y determina que el Tribunal Electoral tiene un plazo de siete días para llamar a elecciones generales, que se deben celebrar en un plazo máximo de 90 días.

Pero la decisión del mandatario ha dividido el país entre quienes piensan que Lasso actuó constitucionalmente y quienes consideran que no lo hizo. Sectores como el Ejército y la Policía se han mostrado a favor del presidente.

Nelson Proaño, comandante de las Fuerzas Armadas, aseguró que la decisión estaba consagrada en la Constitución y aseguró que ambas instituciones «mantendrán su respeto absoluto” a la Carta Magna.

Otro sector que también aseguró que el mandatario actuó dentro de la legalidad fue el empresarial, cercano a Lasso, quien antes de gobernar el país fue banquero y empresario. El Comité Empresarial de Ecuador, del que forman parte la mayoría de las asociaciones industriales nacionales, sostuvo que la disolución del Legislativo es viable según las normas del país y llamó a la calma.

Sin embargo, otros grupos denuncian que se trata de un proceso inconstitucional. Entre ellos los exasambleístas que presentaron la demanda ante la Corte Constitucional.

¿Podría la ‘muerte cruzada’ invocada por Lasso ser considerada inconstitucional?

El debate ha ocupado un lugar central en la prensa nacional desde la decisión del presidente el miércoles 17 de mayo.

Si el Tribunal Constitucional determina que el decreto es ilegal, la Asamblea será restablecida y continuará sus funciones. Sin embargo, si la Corte considera que la acción llevada a cabo por Lasso fue legal, el Congreso seguirá disuelto y el país deberá celebrar elecciones en un plazo de 90 días.

Sin embargo, el tiempo juega un papel central en la situación que vive Ecuador, ya que el proceso puede llegar a tomar varios años, destacan varios analistas citados por la prensa local. La evaluación de la demanda podría finalizar no solo realizadas las elecciones, sino finalizado el periodo del mandatario surgido tras los comicios, que gobernaría hasta 2025, cuando se deben realizar las siguientes elecciones.

En medio de este panorama los exlegisladores que presentaron la demanda presionan por una pronta resolución.

Redacción DHH con información pública de france24.com