Ecuador amaneció este 16 de marzo con una de las restricciones más severas de los últimos años: un toque de queda de 15 días en cuatro provincias clave —Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas— donde viven 6,5 millones de personas y se concentra más de la mitad de los homicidios del país. La orden, firmada por el presidente Daniel Noboa, marca una nueva fase de su ofensiva contra el crimen organizado, esta vez con un despliegue masivo de 75.000 militares y operativos capaces de cerrar sectores completos durante la noche .

03/16/2026. En las primeras horas, las autoridades reportaron 253 detenidos, aunque sin aclarar cuántos fueron arrestados por violar la restricción y cuántos por presuntos vínculos con bandas criminales. El mensaje del Gobierno fue directo: “Quédense en sus casas, no queremos víctimas colaterales”, advirtió el ministro del Interior, John Reimberg, al anunciar que la fuerza pública actuará con uso progresivo de la fuerza contra grupos delictivos .

La Fiscalía también entró en escena: quienes incumplan el toque de queda podrían enfrentar penas de uno a tres años de prisión. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez no se emitieron salvoconductos, ni siquiera para periodistas o trabajadores nocturnos, lo que ha generado inquietud en gremios y sectores productivos por el impacto económico y la falta de claridad sobre los operativos previstos .

Un país atrapado en una espiral de violencia

El toque de queda no surge de la nada. Ecuador vive una crisis de seguridad sin precedentes, alimentada por la expansión del narcotráfico, que ha convertido sus puertos en plataformas estratégicas para el envío de droga hacia Estados Unidos y Europa. La violencia se disparó a niveles históricos: 2025 cerró con 9.216 homicidios, la cifra más alta jamás registrada en el país .

Ante este escenario, Noboa ha recurrido de forma reiterada a medidas excepcionales. Desde que asumió la presidencia, ha decretado 17 estados de excepción, y en provincias como Guayas, Los Ríos y El Oro, la población ha vivido más del 80% de los últimos dos años bajo algún régimen extraordinario. La militarización se ha vuelto parte del paisaje cotidiano .

La estrategia cuenta con el respaldo de Estados Unidos, que recientemente firmó un acuerdo para instalar una oficina del FBI en Quito, un gesto que evidencia el creciente involucramiento de Washington en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador .

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El costo humano y el escrutinio internacional

Mientras el Gobierno endurece su ofensiva, organismos internacionales observan con preocupación. El Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada cuestionó al Estado ecuatoriano por al menos 34 desapariciones atribuidas a patrullas militares entre 2024 y 2025. Durante la audiencia en Ginebra, expertos alertaron sobre vulneraciones de derechos humanos, detenciones sin control judicial y el uso recurrente de militares en tareas policiales .

Detrás de las cifras hay familias que llevan meses buscando a sus desaparecidos. Madres y tías que recorren retenes, estaciones policiales y hospitales sin obtener respuestas. Algunas denuncian seguimientos, allanamientos sin orden y amenazas directas: “Dejen de buscar”. Para ellas, el toque de queda no es una medida de seguridad, sino un recordatorio de un Estado que, dicen, no les da respuestas y tampoco les permite preguntar .

El nuevo toque de queda coloca a Ecuador en un punto crítico: un país que intenta contener al crimen organizado con medidas cada vez más duras, mientras enfrenta cuestionamientos por el impacto de esa estrategia en los derechos humanos. Noboa apuesta por la fuerza y por la alianza con Estados Unidos; la población, en cambio, vive entre la esperanza de recuperar la seguridad y el temor a que la excepcionalidad se vuelva permanente.

Redaccion Albitrio Fabrepe para DHH.