La crisis social en Ecuador escala a un nuevo nivel de confrontación. Mientras el Paro Nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se expande a más provincias como Bolívar, Azuay, Chimborazo y Loja, las acusaciones de violencia estatal y violaciones a los derechos humanos resuenan en la Asamblea Nacional.
09/30/2025. La cúpula de la Conaie, liderada por su presidente Marlon Vargas y su vicepresidenta Ercilia Castañeda, se presentó este martes ante la Comisión de Garantías Constitucionales para denunciar formalmente lo que califican como una «violencia estatal con represión» ejercida por las fuerzas del orden durante las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, oficializada en el Decreto 126. Vargas fue contundente al responsabilizar directamente al gobierno de Daniel Noboa por las detenciones arbitrarias y lo que llamó un «crimen de Estado» por la muerte del manifestante Efraín Fuerez.
Ante los legisladores, la Conaie exigió el inicio de un juicio político contra los ministros del Interior y Defensa, John Reimberg y Giancarlo Loffredo. La moción para abrir un proceso de fiscalización por los presuntos abusos de derechos humanos fue aprobada de manera unánime en la comisión, controlada por legisladores del correísmo.
Un conflicto que crece en víctimas y acusaciones
La situación en las calles es crítica. Marlon Vargas denunció la existencia de una segunda víctima grave en las manifestaciones de Imbabura, cuyo estado es crítico. El líder indígena también hizo un llamado a los organismos internacionales para que intervengan en Ecuador y frenen la «violación al derecho a la protesta ciudadana».
En medio de la escalada, el gobierno y los manifestantes cruzan acusaciones graves. Vargas negó rotundamente tener información sobre militares supuestamente secuestrados en Imbabura, afirmando: «Nosotros no somos pueblos que secuestramos ni somos extorsionadores«. Acusó al Estado de usar estas denuncias como pretexto para ingresar a los territorios indígenas y «disparar con alto calibre».
Además, la Conaie denunció la infiltración de agentes en las protestas para desacreditar su movimiento y justificar futuras detenciones de dirigentes, una táctica que, según ellos, busca criminalizar la protesta social. Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Conaie, llegó a afirmar que Ecuador vive una «dictadura» que intenta posicionar un discurso en el que los manifestantes son vistos como narcotraficantes y delincuentes.
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Diálogo en punto muerto y estrategias coordinadas
El diálogo con el Ejecutivo parece, por ahora, inviable. «¿Cómo negociar después de muertes?«, cuestionó Vargas, reafirmando que el paro continuará de forma indefinida. Las demandas centrales de la Conaie son claras: la derogación inmediata del Decreto 126 y la liberación de los manifestantes detenidos en Otavalo.
Para fortalecer el movimiento, la Conaie ha mantenido reuniones con otras organizaciones sociales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) para coordinar futuras acciones y protestas en Quito. Andrés Quishpe, presidente de la UNE, advirtió que más de 100 dirigentes ya enfrentan convocatorias de la Fiscalía por supuestos delitos de sabotaje y terrorismo, lo que, en su opinión, demuestra que el gobierno no busca dialogar y prefiere intensificar el conflicto.
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