En una maniobra que reconfigura el mapa de control migratorio, el gobierno de EE.UU. ha intensificado el escrutinio sobre propietarios de viviendas, exigiéndoles documentos confidenciales de sus inquilinos
07/16/2025. La unidad antifraude de inmigración ha enviado requerimientos de información a arrendadores, solicitando contratos, solicitudes de alquiler, identificaciones y hasta datos de convivientes, como estado civil y vínculos familiares. Los documentos no están firmados por jueces, pero sí advierten que ignorarlos podría acarrear consecuencias legales, como ser declarado en desacato.
⚠️ Controversia legal en ascenso:
- Expertos en derecho inmobiliario alertan sobre posibles violaciones a la Ley de Vivienda Justa.
- Se cuestiona el uso de citaciones administrativas como sustitutos de órdenes judiciales legítimas.
- Defensores civiles temen que se normalice una vigilancia indirecta a migrantes mediante terceros.
📣 Respuesta ciudadana:
Organizaciones pro derechos han reactivado campañas de concientización («Conozca sus derechos») y advierten: sin firma judicial, no hay obligación de cumplir.
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Esta táctica representa una expansión polémica del control migratorio, donde la vigilancia se descentraliza y los propietarios son puestos en una encrucijada ética y legal.
Redacción DHH sobre lectura de agencias
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