EE.UU. ha dado un golpe contundente a las relaciones con Bogotá, con el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobando un drástico recorte del 50% en los fondos de apoyo a Colombia para el año fiscal 2026, que comienza en octubre. La medida, que reduce la ayuda a cerca de 209 millones de dólares, llega acompañada de un severo informe que expresa «profunda preocupación» por el deterioro de la seguridad en el país sudamericano y, de forma delicada, menciona un «aumento del consumo de drogas» incluso en los «niveles más altos del Gobierno» de Gustavo Petro, aunque sin señalar nombres.
07/23/2025. La respuesta de Colombia no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, arremetió contra Estados Unidos con la incisiva frase «ese es el burro hablando de orejas», señalando al país norteamericano como la nación «donde más se consume cocaína» y donde, según él, «se inventó el consumo de cocaína», especialmente en Wall Street. Benedetti fue más allá, afirmando que Estados Unidos es el lugar con «más presos por metro cuadrado, por narcotraficantes y consumo de cocaína» y el origen del fentanilo, una droga que «más mata personas». En su contundente declaración, el funcionario colombiano sentenció que en Estados Unidos es donde «la coca y las drogas reinan».
Recortes Históricos y Críticas Cruzadas: Un Diagnóstico Adverso desde el Capitolio
Los recortes presupuestarios son significativos: una reducción del 26% en los fondos para programas de seguridad y un dramático 66% para componentes de corte social o económico. Del total aprobado, 103 millones de dólares se destinarán a la lucha contra el narcotráfico, 38 millones a las Fuerzas Armadas y 67 millones a programas de desarrollo y asistencia económica.
La justificación de estas medidas, según el presidente del subcomité de asignaciones para las Operaciones en el Extranjero y Seguridad Nacional, el republicano Mario Díaz-Balart, es clara: «Este proyecto deja muy en claro que los días de una débil política extranjera de Estados Unidos acabaron». Díaz-Balart añadió que los fondos se «cortan, condicionan o retienen a aquellos países que no avanzan en los intereses compartidos» de EE. UU., atribuyendo la situación de Colombia al «fracaso del gobierno Petro a la hora de prevenir la violencia política, causar el deterioro económico y por envalentonar el crimen trasnacional».
Las críticas en el informe de la Cámara de Representantes son amplias, señalando las «políticas perjudiciales, el comportamiento errático y las relaciones malignas de la administración Petro, que contradicen los intereses de seguridad y económicos de Estados Unidos». El documento también menciona el atentado contra el precandidato Miguel Uribe como una «muestra alarmante del ambiente político volátil», y el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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Incluso legisladores demócratas, aunque con menor contundencia, expresaron su preocupación. Adriano Espaillat, de Nueva Jersey, si bien no comparte la reducci general de recursos para Latinoamérica, «entendió los recortes previstos para Colombia» por el «incremento del narcotráfico y la violencia política». Por su parte, Henry Cuéllar, de Texas, fue enfático: «No podemos mandar dinero a un país no que no toma posiciones con Estados Unidos». Espaillat pidió «más diálogo y una conversación sensata entre ambos países» para mitigar estas preocupaciones.
Este presupuesto aprobado ahora pasará a debate ante la plenaria de la Cámara de Representantes en septiembre, mientras el Senado trabaja en su propia versión de la ayuda exterior. Una vez autorizadas por ambas cámaras, se creará una comisión de conciliación para ajustar las diferencias y aprobar un texto definitivo.
La situación actual entre Estados Unidos y Colombia es como un reflejo distorsionado entre dos espejos: cada nación apunta las fallas del otro, sin reconocer la imagen completa que forman juntos en el complejo desafío global de las drogas.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH sobre lectura de agencias y diario eltiempo.com
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