Desde hace dos semanas la venezolana Kirley, de 19 años, y su novio Jenderson duermen en las calles de Matamoros en medio de la incertidumbre por el Título 42, una norma que permite a las autoridades estadounidenses bloquear la entrada de migrantes invocando los protocolos anticovid.

Un juez de Estados Unidos ordenó derogar la medida a partir del próximo miércoles, pero la Corte Suprema de ese país decidió este lunes mantenerla.

La espera de la joven pareja, como la de otros miles de venezolanos agolpados en esta ciudad del estado de Tamaulipas, está marcada por la falta de información y el temor a fracasar en el intento por dejar atrás las penurias económicas que vivían en su país.

El Título 42 les impide solicitar asilo en las puertas de entrada a Estados Unidos y autoriza la expulsión de migrantes indocumentados como medida sanitaria.

Pero aun si se hubiera levantado la norma, nada garantizaba que Kirley y Jenderson pudiesen recibir protección del gobierno estadounidense, un objetivo por el cual arriesgaron la vida en una travesía de cuatro meses.

Solo en Matamoros, abogados de migración gestionan unas 5.000 solicitudes, en su mayoría de venezolanos y haitianos que soportan temperaturas bajo cero. En la vecina Reynosa permanecen varios miles de migrantes en albergues abarrotados.

«Entramos por Torreón, y yendo de Torreón a Monterrey en ‘La Bestia’, nos tuvimos que lanzar por el techo hacia el monte porque unas personas armadas se subieron y se llevaron a demasiada gente», cuenta Kirley a la AFP cerca del puente internacional que conduce a la ciudad de Brownsville (Texas).

La joven recuerda que entre los secuestrados había varios niños y que en medio del asalto uno de ellos sufrió la amputación de un brazo.

Ella misma, al lanzarse, terminó con un corte en la cabeza. «Un señor en Torreón (…) me llevó a la Cruz Roja. Me vio sangrando horrible y me ayudó. Y eso, te lo juro, es algo que me hizo arrepentirme de haber venido», relata.

Ante las limitaciones del Título 42, heredado del gobierno de Donald Trump, muchos migrantes se entregan a las autoridades en las brechas de los más de 3.000 km de frontera.

Pero la administración de Joe Biden, a favor de mantener la normativa, advierte que incluso si fuera derogada continuarán las expulsiones de personas que ingresen ilegalmente.

La incertidumbre también es palpable en Ciudad Juárez, otra ciudad mexicana limítrofe donde se concentran miles de migrantes de varias nacionalidades.

«Entramos de aquel lado y nos dijeron que nos iban a deportar, y todo el esfuerzo que habíamos hecho para llegar con los niños acá iba a ser en vano porque nos iban a deportar», dice Yorgelis Cordero, venezolana de 20 años.

«Aquí ya me entregué y no me recibieron, nomás me regresaron por el mismo puente, yo lo que vengo pidiendo es que me dejen cruzar ahora esta vez con mi familia», dice Petrona Elizabeth de Rivera, salvadoreña de 59 años.

Los migrantes también luchan contra la desinformación. Hace una semana, a sus celulares llegó la versión de que las autoridades abrirían la frontera por un par de horas, lo que provocó que dejaran los refugios donde esperaban, siendo ocupados rápidamente por otras personas.