Los arrestos de personas inocentes junto a criminales, bajo el régimen de excepción en El Salvador, ha provocado un torrente de críticas de los defensores de derechos humanos.

01/15/2025. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca causa turbación entre los inmigrantes indocumentados. En su campaña el presidente electo prometió desarrollar “el programa de deportación más grande en la historia” de Estados Unidos. La ejecución de ese plan, a partir del 20 de enero cuando asuma el poder, preocupa a los defensores de derechos humanos porque a los deportados que lleguen a El Salvador los espera un régimen de excepción que no garantiza el respeto a sus derechos.

En el afán de controlar la violencia de las pandillas, Nayib Bukele implementó desde marzo de 2022 un régimen de excepción que, según el gobierno salvadoreño, a la fecha ha capturado a más de 83,600 personas. El mandatario, quien fue reelecto en febrero de 2024 en contra de la prohibición constitucional, aduce que todos los detenidos son criminales; sin embargo, activistas han denunciado que muchas personas no tienen un perfil pandilleril.

En la actualidad, explicó la abogada Ingrid Escobar, no existe el cumplimiento al debido proceso ni la presunción de inocencia, porque son garantías que se anularon al decretarse el régimen de excepción, medida que inicialmente sería temporal; pero tan solo el 5 de enero de 2025 se realizó la trigésima cuarta prórroga. Estas condiciones, según la jurista, coloca a los deportados en una situación de alto riesgo.

“Tenemos la amenaza de que en cualquier momento, si a un policía se le ocurre o hay una llamada anónima se llevan a cualquiera”, apuntó Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), quien entre el 9 y 23 de noviembre realizó una gira por ciudades como Los Ángeles, Oakland, San Francisco, Santa Cruz, Detroit y Chicago.

“En esta enorme debilidad institucional que tenemos, —los deportados— puede ser que se salven que los capturen en el aeropuerto, pero si un día andan por la calle y les preguntan que donde han estado todo este tiempo, y dicen que en Estados Unidos, debido al régimen no les van a creer que por su estatus de indocumentados”, agregó la abogada.

El SJH nació tres meses después de implementarse este régimen, el 25 de julio de 2022. Puntualmente, la organización fue creada para denunciar los abusos y actos arbitrarios. Hasta diciembre contaban con cuatro abogados, pero como resultado de la gira reciente obtuvieron fondos para contratar a dos juristas más.

De acuerdo a datos del organismo, de los más de 83 mil detenidos, más de 50 mil tienen antecedentes y vínculos con pandillas; sin embargo, alrededor de 25 mil no tienen perfil pandilleril, son personas que han sido capturadas por cuotas que cumple el ejército y la policía, al igual que por llamadas anónimas.

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“Hay por lo menos mil personas fallecidas —en las cárceles—, pero las que hemos verificado con actas de defunción y basados en la confirmación de la familia son 359; es decir, el 94% de de las víctimas mortales no tenían perfil pandilleril, la gran mayoría —de los fallecidos— era gente inocente”, subraya Escobar.

En este tiempo, el SJH ha registrado tres casos de personas que llegaron de Estados Unidos que se encuentran detenidas. También han reportado que un hombre llegó deportado por ser indocumentado, pero debido a una supuesta llamada anónima fue enviado al penal de Izalco, en donde estuvo confinado durante 18 meses.

José Artiga, director de la Fundación Share, entidad que se enfoca en la promoción de los derechos humanos con sede en Berkeley, California, considera que si alguien en El Salvador, ya sea joven o adulto, reúne el perfil que están utilizando en El Salvador para perseguir y encarcelar a las personas bajo el régimen de excepción, aunque no tengan antecedentes delictivos, van a ser detenidos.

“Si alguien tiene tatuajes, aunque sea artísticos; o tiene algún antecedente legal que ya haya superado, pero sigue en su récord, son personas que si llegan deportadas no podrán ver a su familia; bajo este régimen desde el aeropuerto van a ser transferidos a las cárceles”, planteó el activista.

Con información de latimes.com