El presidente Gustavo Petro rechazó vehementemente el paro armado de 72 horas anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este cese de movilidad forzoso, programado para iniciar el domingo 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 a. m. y extenderse hasta el miércoles 17 de diciembre de 2025 a la misma hora, fue presentado por el grupo armado como una supuesta «acción de protesta» política.
12/13/2025. Sin embargo, el primer mandatario desmanteló de inmediato la justificación política de la guerrilla.
La acusación de Petro: narcotráfico y falsa protesta
El presidente Petro utilizó su cuenta de X para responder al anuncio, acusando al ELN de llevar a cabo una «falsa protesta». El jefe de Estado señaló directamente la verdadera motivación detrás del paro, alegando que la acción no está dirigida contra ninguna figura política extranjera, sino que beneficia a las redes criminales que controlan al grupo ilegal.
«Ustedes, señores ELN, hacen un paro armado, pero no contra Trump, sino a favor de los traquetos (narcotraficantes) que hoy los controlan«, escribió el presidente. Además, Petro enfatizó la ilegitimidad de la acción, al sentenciar que «No se protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad». Este pronunciamiento busca establecer una clara diferencia entre cualquier motivación ideológica y las actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas.
El contexto del narcotráfico es crucial, dado que el ELN es el grupo guerrillero más longevo de América y mantiene presencia en más del 20% de los municipios de Colombia. Uno de sus principales bastiones es el Catatumbo, una de las áreas con mayor presencia de narcocultivos a nivel global, donde la organización controla la producción de cocaína.
La justificación del ELN y las restricciones civiles
Por su parte, el ELN difundió un comunicado donde anunció la «acción criminal» de 72 horas. El grupo señaló que la decisión se toma como una «protesta frente a lo que denomina un plan neocolonial impulsado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump». La guerrilla afirma que este plan buscaría aumentar la injerencia de EE. UU. en América Latina y el Caribe y «recrudecer el saqueo» de los bienes naturales de Colombia.
Durante el periodo establecido, el grupo rebelde ordenó el confinamiento de civiles en las regiones bajo su dominio. Pidieron específicamente a los colombianos abstenerse de viajar por carreteras o ríos navegables. Aunque el grupo aseguró que no atacará a la población civil, hicieron hincapié en que las comunidades deben evitar «mezclarse» con miembros de la Fuerza Pública para así «evitar accidentes».
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Respuesta gubernamental y recompensas
Ante el anuncio, el Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Sánchez, rechazó el pronunciamiento, calificándolo como un «constreñimiento criminal».
La cartera de seguridad informó que se han activado «todas las capacidades operativas del Estado». Unidades del Ejército y de la Policía permanecen en «estado de alerta» con el fin de neutralizar posibles afectaciones a la infraestructura y a la población. Las autoridades han puesto en vigor protocolos de vigilancia y seguridad, aunque el impacto real dependerá del comportamiento de la guerrilla durante el paro.
Además, el Ministerio de Defensa reiteró la vigencia de recompensas para facilitar la ubicación y captura de cabecillas del ELN. Se informó sobre la oferta de hasta 5.000 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Pablito.
Cabe recordar que las conversaciones de paz entre el Gobierno y el ELN se encuentran congeladas desde el año pasado, tiempo que antecedió a una masacre en el Catatumbo que generó el desplazamiento forzado más grande en dos décadas.
Redacción Elena Calzadilla para DHH.
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