La utilización para fines políticos del aparato judicial es apenas una de las manifestaciones de la tendencia autoritaria que se abre paso en buena parte de Centroamérica.

Reporte especial de la plataforma periodística Connectas.

La revancha judicial de los actuales dueños del poder económico y político en Guatemala alcanzó al escenario internacional. Y es que el pasado 16 de enero la Fiscalía de ese país inició una investigación contra el jurista Iván Velásquez, quien lideró entre 2013 y 2018 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y hoy es el ministro de Defensa de Colombia.

La Cicig, organizada por Naciones Unidas a petición del Estado guatemalteco, se instaló en el país centroamericano en 2007. “Uno de los objetivos de promover la Cicig fue el de elevar las capacidades, no solo técnicas de investigación de los fiscales, sino también su independencia”, explicó a CONNECTAS Edgar Gutiérrez, canciller de Guatemala entre 2002 y 2004. 

Durante 12 años la Cicig operó con independencia y fortaleció las capacidades del Ministerio Público. Principalmente bajo el liderazgo de Velázquez, la entidad investigó 120 casos y llevó a juicio a 660 personas. Entre ellos, el expresidente Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ministros, jueces y diputados. “Pero cuando la Cicig comenzó a mostrar que la corrupción era una avenida de doble vía, que había corruptos, pero también corruptores, ese consenso se fue quebrantando y se juntaron todos los miedos de las redes criminales, económicas y políticas”, comenta Gutiérrez. 

Eso significa que la Cicig se había atrevido a tocar los intereses de muchos poderosos. Y esa tensión hizo crisis cuando llegó al poder Jimmy Morales, quién también vió perjudicado a su círculo más cercano. Como consecuencia, ese Gobierno se negó a renovar su mandato, con lo que la Cicig quedó efectivamente desmantelada en 2019.

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Desde entonces, el ejecutivo guatemalteco ha desarrollado una campaña judicial contra los fiscales y jueces que participaron en el trabajo de esa entidad, hasta llegar a acusar al propio Velásquez de corrupción. Todo esto llevó a la ONU a aclarar que todos ellos estaban amparados por inmunidad, y a Washington y al Gobierno de Colombia a protestar con el argumento de que la acusación a Velásquez responde a una persecución judicial.

Otras comisiones fallidas

Este uso político del poder judicial en Guatemala no es un caso aislado. Otras comisiones contra la impunidad y corrupción creadas en El Salvador y Honduras también terminaron desmanteladas. Estas acciones, junto a muchas otras, han socavado la independencia de los poderes públicos en cuatro de los seis países que conforman la región.

Ruth López, jefa anticorrupción y justicia de Cristosal, organización que defiende los Derechos Humanos en El Salvador, Honduras y Guatemala, explica que la Cicig fue la experiencia más exitosa de las comisiones internacionales que han investigado la impunidad en Centroamérica. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) nació en 2016 por voluntad presidencial, la presión de organizaciones sociales y el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Tres años más tarde, por una promesa de campaña electoral del presidente Nayib Bukele, nació la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) y, al igual que en Honduras, contó con el apoyo de la OEA.

“En los tres casos las comisiones murieron precisamente cuando las investigaciones se acercaron a los centros de poder. Especialmente de poder político relacionado obviamente con el poder económico”, advierte López. 

En El Salvador, la Cicies presentó 12 avisos a la Fiscalía General de la República que involucraron a funcionarios del más alto nivel de confianza. Es decir, con relación directa con el presidente. López explica que esta situación propició en 2021 la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general. La experta comenta que el gobierno de Nayib Bukele también ha llenado el Sistema Judicial de funcionarios afines, tras destituir a múltiples jueces supuestamente por corrupción, aunque los decretos correspondientes solo mencionan como motivo su avanzada edad. 

La utilización para fines políticos del aparato judicial es apenas una de las manifestaciones de la tendencia autoritaria que se abre paso en buena parte de Centroamérica. En Nicaragua, donde el régimen ha traspasado todas las líneas rojas, la familia Ortega Murillo concentra el poder con un modelo de partido único mientras persigue y encarcela toda voz crítica. En El Salvador, Bukele se prepara para una elección que su propia Carta Política prohíbe, mientras se ha apropiado efectivamente de los organismos de control. Honduras, después de 14 años de crisis política, da unos primeros pasos democráticos, pero el gobierno de Xiomara Castro enfrenta acusaciones de nepotismo mientras gobierna gran parte del territorio bajo estado de excepción. Guatemala, en medio del escándalo de la Cicig, se prepara para las próximas elecciones presidenciales.