En España, la amnistía ha polarizado la primera jornada del debate de investidura. Casi lo ha monopolizado. Ha protagonizado por la mañana la intervención del candidato Pedro Sánchez, aunque no ha aparecido hasta que llevaba una hora y 25 minutos de discurso.

11/15/2023. Ha saturado la intervención de los grupos de la oposición, hasta el punto de que el líder de Vox en lugar de debatir con el candidato ha anunciado que salía a la calle con los manifestantes que protestan contra la amnistía. Y, además, ha dado pie a un giro inesperado por la tarde, cuando ha trascendido que el discurso de Sánchez sobre la amnistía había provocado malestar en Junts que, incluso, se podría replantear el voto de mañana. A diferencia de otras ocasiones, cuando por la noche han comparecido los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, y de Junts, Míriam Nogueras, nadie se ha movido de su escaño, salvo los representantes de Vox, que se manifestaban en las calles.

A lo largo de la tarde había corrido la brama sobre el descontento que ha provocado en Junts la forma como Sánchez ha abordado la amnistía. Algunas fuentes de la formación de Carles Puigdemont incluso apuntaban la posibilidad de una abstención a la votación de mañana. De ahí el interés que ha despertado la intervención de Nogueras. «Con nosotros no pruebe de tentar la suerte», ha advertido la diputada independentista nada más iniciar su intervención. Ha explicado las razones del malestar de su grupo, ha reprochado a Sánchez que su discurso «no ha sido valiente» y le ha reclamado que le explicara «qué piensa hacer». Ha insistido en que, para Junts, «el mandato del 1-O está vigente y el compromiso con la independencia es irrenunciable». «Si alguien dice que este acuerdo es para girar hoja, engaña a los ciudadanos», ha añadido. El silencio en el hemiciclo ha sido absoluto mientras intervenía.

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Este jueves entregara a Cataluña para que le den los votos

Sánchez, que quedó segundo por detrás del conservador Alberto Núñez Feijóo en las legislativas, convocadas tras la debacle de la izquierda en las municipales de mayo, tiene asegurados los apoyos necesarios para continuar en el poder.

A diferencia del líder de la derecha, que no consiguió los votos para ser investido, Sánchez, conocido por su capacidad para sobrevivir políticamente, obtuvo el respaldo de numerosas formaciones políticas en las últimas semanas.

Sánchez cuenta con los votos de la izquierda radical, con la que gobierna desde hace tres años, con la que se comprometió a aumentar nuevamente el salario mínimo y a reducir de 40 a 37,5 horas la duración de la semana laboral.

El socialista de 51 años consiguió por igual los apoyos de los partidos vascos PNV y Bildu, pero también los de las formaciones independentistas catalanas, Juntos por Cataluña, el partido de Carles Puigdemont, e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).

En total, tiene garantizados 179 votos a favor de los 350 diputados del Congreso, por encima de la mayoría absoluta necesaria para ser investido.

Para lograr convencer a los partidos catalanes, Sánchez tuvo que dar importantes concesiones, la más polémica de ellas una ley de amnistía para los independentistas procesados por los tribunales, principalmente por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.

Esta medida, a la que el socialista era contrario en el pasado, permitirá «cerrar heridas» y «resolver el conflicto político existente en Cataluña», alegó la noche del lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cercano a Sánchez.

La amnistía en España, reclamada por Carles Puigdemont, ex presidente catalán instalado en Bruselas desde 2017 para evadir la justicia española, divide profundamente a la sociedad española.

El domingo, cientos de miles de personas se manifestaron en toda España contra la amnistía, convocados por el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo.

El proyecto de ley de amnistía, presentado el lunes en el Parlamento y que Sánchez espera que se apruebe en las próximas semanas, ha despertado también la preocupación en el sector judicial y hasta en Bruselas, que pidió a Madrid «información detallada» sobre el alcance de la medida.

Como una señal de la tensión política, más de 1.600 policías han sido desplegados miércoles y jueves en Madrid para la investidura de Sánchez, según el Ministerio del Interior, un dispositivo de seguridad similar al de un partido de fútbol considerado de riesgo.

DHH con información de elnacional.cat y ntn24.com