La ilusión de la cabeza cortada: narcotráfico y el Estado que no gobierna

Artículo de opinión de la Dra. Luz Neira Parra, sobre el trasfondo politico y cultural de la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl.

02/26/2026. Cada vez que cae un gran capo, América Latina respira como si hubiera ganado una guerra. Se celebra la captura o la muerte como una victoria definitiva. Se habla de golpe histórico. Se invoca la restauración del orden. Pero la experiencia demuestra algo incómodo: el problema no es el capo. El problema es el Estado.
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido presentada como un triunfo estratégico. Incluso el presidente Donald Trump afirmó en su discurso del Estado de la Unión que su administración fue responsable de su caída. El mensaje político es claro: el enemigo ha sido neutralizado.
Pero neutralizar a un individuo no equivale a desmontar un sistema.
El narcotráfico no prospera en Estados sólidos. Se instala donde la autoridad es fragmentaria, permeable o inexistente. En regiones enteras de México, Colombia, Honduras o Ecuador, el Estado aparece en el mapa, pero no gobierna plenamente el territorio.
El concepto de “Estado fallido” suele usarse con ligereza mediática. Sin embargo, cuando un gobierno no controla sus puertos, no domina sus cárceles, no profesionaliza sus cuerpos policiales y no garantiza justicia efectiva, el término deja de ser retórico y se convierte en descripción estructural.
Desde la perspectiva clásica de Max Weber, el Estado moderno se define por el monopolio legítimo de la violencia dentro de un territorio. Cuando ese monopolio es disputado por actores armados privados, lo que ocurre no es una anomalía pasajera: es una erosión de soberanía.
A esa lectura se suma el análisis de las “zonas marrones” desarrollado por Guillermo O’Donnell, quien describió territorios donde la legalidad formal existe pero no se aplica de manera efectiva. En esas zonas, la ciudadanía vive bajo una autoridad híbrida: estatal en apariencia, criminal en la práctica.
La pobreza es un factor innegable. Donde no hay oportunidades, el narco ofrece salario, pertenencia y movilidad social. Pero reducir el fenómeno exclusivamente a la pobreza sería simplificarlo. El combustible central es la impunidad. Sin jueces independientes, sin fiscalías blindadas y sin mecanismos reales de control interno, el crimen organizado no solo opera: penetra.
Organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el propio CJNG no crecieron por azar. Se expandieron en corredores estratégicos atravesados por corrupción policial, financiamiento político opaco y redes de protección institucional. No se impusieron únicamente mediante violencia; aprovecharon grietas estructurales.
Durante años, la política antidrogas apostó por la eliminación de líderes. La lógica era simple: cortar la cabeza debilita el cuerpo. En la práctica, la caída de capos produjo fragmentación, disputas internas y multiplicación de células violentas.
Eliminar a un jefe no reforma ministerios públicos debilitados. No limpia sistemas penitenciarios dominados por mafias. No transforma economías locales dependientes del dinero ilícito. No impide que otro mando ocupe el espacio vacío.
La estructura se adapta. El negocio continúa.
Hay un punto que incomoda en ambos lados de la frontera. América Latina produce y distribuye, pero el mercado principal está en el norte. Las drogas no desaparecen al cruzar la frontera; llegan a barrios urbanos, a circuitos de consumo visibles y a economías donde la demanda sostiene el flujo.
La pregunta es inevitable: ¿cómo circula ese volumen sin redes internas de corrupción? ¿Cómo se blanquean miles de millones de dólares sin la complicidad —activa o pasiva— de estructuras financieras?
El lavado no ocurre en la selva. Ocurre en sistemas bancarios sofisticados.

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Mientras tanto, familias de grandes narcotraficantes han residido durante años en territorio estadounidense, moviéndose dentro de una economía formal que, al mismo tiempo, combate oficialmente el narcotráfico.
La cadena es transnacional: producción en el sur, consumo en el norte y reciclaje financiero en mercados globalizados.
En comunidades abandonadas, el narcotráfico no solo vende droga. Financia fiestas patronales, paga tratamientos médicos, impone normas y administra justicia informal. Esa sustitución perversa erosiona la legitimidad estatal.
Cuando el ciudadano percibe que el crimen resuelve más rápido que la autoridad, el contrato social se fractura.
Y cuando la clase política tolera o negocia con esas estructuras, la frontera entre poder legal e ilegal se difumina.
La muerte de “El Mencho” puede ser un logro operativo. Puede ser un mensaje geopolítico. Puede ser una victoria discursiva.
Pero mientras los Estados latinoamericanos no recuperen control real sobre su territorio, no generen oportunidades económicas sostenibles y no erradiquen la corrupción estructural, el vacío persistirá.
Y mientras Estados Unidos no asuma con igual severidad la responsabilidad sobre su mercado consumidor, el flujo de armas hacia el sur y el lavado de capitales en su propio sistema financiero, la cadena no se romperá.
La cabeza ha caído. El sistema permanece

Artículo de opinión de la investigadora y Dra. Luz Neira Parra para DHH.