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Suramerica

16 muertos en combates de territorio entre las FARC y el ELN

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En medio de la ya crónica violencia que azota al departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, un nuevo episodio de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC ha dejado una estela de muerte y desolación en la región. Los combates, que estallaron el pasado 30 de agosto, han dejado al menos 16 personas fallecidas, según informes locales.

Fotocomposicion cortesia vnexplorer.net

09/05/2023. La cruenta batalla por el control territorial en las zonas rurales de Arauca ha generado un escenario de pesadilla para las comunidades locales. El personero de la localidad de Puerto Rendón, Óscar Vanegas, relató a EFE que el ELN, que controla las áreas urbanas, intentó incursionar en las montañas donde prevalecen las disidencias de las FARC. Este enfrentamiento ha provocado un desplazamiento masivo de comunidades enteras, que se han visto obligadas a buscar refugio en zonas seguras, sumiendo a la población en un estado de confinamiento forzado.

A pesar de que la calma parece haber regresado en los últimos días, las comunidades afectadas están ahora enfrentando el doloroso proceso de evaluar las secuelas de estos enfrentamientos. El personero local, Óscar Vanegas, confirma la trágica cifra de 16 personas fallecidas como resultado de estos violentos combates.

El domingo, las disidencias de las FARC publicaron un impactante video en el que se encontraban rodeados de al menos cinco heridos, algunos de ellos en estado grave. En la grabación, se hace un llamado urgente a la Cruz Roja Internacional (CICR) y a una comisión del Gobierno para que brinden asistencia médica a los heridos, dado que las condiciones en la zona no permiten atender adecuadamente a los heridos graves.

En respuesta a esta petición, el CICR confirmó que ha llevado a cabo una «evacuación de personas heridas en combate» como parte de una «operación humanitaria y confidencial». Este acto se enmarca en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que establece que «todas las personas fuera de combate, incluyendo las personas heridas, deben ser protegidas», y que, por lo tanto, se debe brindar atención médica a todas las personas sin distinción.

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Este nuevo estallido de violencia en Arauca representa un trágico capítulo en una prolongada confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC por el control de territorios en esta región donde la presencia estatal es mínima. Según el personero de Puerto Rendón, desde enero del año pasado, se estima que más de 300 a 400 personas han perdido la vida en esta disputa, además de los numerosos desplazamientos forzados y las amenazas constantes contra líderes sociales.

Arauca, al ser un departamento fronterizo con Venezuela, se ha convertido en el principal bastión del ELN, que mantiene un cese al fuego bilateral con el Gobierno, pero no con otros grupos armados. Además del ELN, también operan en la región diversas facciones disidentes de las FARC.

La Defensoría del Pueblo ha emitido un comunicado en el que denuncia que las confrontaciones armadas entre grupos ilegales están empeorando la situación de orden público en Arauca. La situación en el caserío Siberia 1, jurisdicción de Tame, es particularmente crítica, con restricciones a la movilidad, limitaciones al acceso a la educación y actividades tradicionales, desabastecimiento de alimentos, falta de energía eléctrica y agua potable.

La misión humanitaria que visitó la zona, con la participación de la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica, constató daños en viviendas y bienes, además de encontrar artefactos sin explotar que representan un peligro latente para la población. La situación de temor y zozobra se ha apoderado de los habitantes de esta región, que viven atrapados en medio de una violencia incesante.

Este nuevo episodio de violencia en Arauca es un sombrío recordatorio de la urgente necesidad de encontrar una solución pacífica y duradera a los conflictos que azotan a Colombia. La población local merece vivir en un entorno de paz y seguridad, lejos de los horrores de la guerra que siguen afectando sus vidas diariamente.

Redacción DHH con información de larazon.es

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