El documento fue expedido por la estructura Jorge Suárez Briceño, del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc.

06/17/2024. Se conoció un nuevo ‘manual de convivencia’ de las disidencias de las Farc para controlar territorios en Colombia. El documento tiene el sello de la estructura Jorge Suárez Briceño y se aplica en el departamento de Caquetá.

Son seis páginas en las que el grupo delincuencial socializa las reglas que deben cumplir los ciudadanos para el “buen vivir”. Las trabajadoras sexuales, los comerciantes y los campesinos están entre la población sujeta a las indignantes sanciones.

El texto es encabezado con el siguiente párrafo: “Nosotros, como autoridad legítima del territorio, apoyamos a las comunidades y, en pro de mejorar las condiciones de vida, seguridad y convivencia, orientamos las siguientes líneas generales de trabajo”.

El primer capítulo está dirigido a los establecimientos que venden licor: las bebidas no pueden ser suministradas a menores de 16 años, deben cerrar las puertas a las 2:00 a. m. y el ruido debe ser moderado. Si se incumple, hay una multa.

Las trabajadoras sexuales deberán ser controladas por las juntas de acción comunal y cada una tendrá que portar un carné de control médico, por lo menos cinco días antes de su llegada a los caseríos de esta zona del país, aunque hay más:

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“Quedan prohibidos los exhibicionismos delante de la población, así como les queda prohibido desplazarse por el territorio o fuera de su lugar de trabajo. De lo contrario, serán multadas y sancionadas”, se lee en el artículo de las disidencias.

También se les pidió a las juntas de acción comunal que construyan reductores de velocidad en las zonas urbanas para evitar accidentes de tránsito y que se imponga, como ley, no superar los veinte kilómetros por hora, o habrá penalizaciones.

La guerrilla movió sus tentáculos hasta la interacción de las personas: “Las comunidades deben tener control de los rumores y chismes. De lo contrario, quienes se vean involucrados en chismografía serán sancionados y multados”.

De igual manera, las extorsiones seguirán y el saldo a entregar se medirá con la capacidad adquisitiva de las víctimas: “El que tenga más, aportará más. Y el que tenga menos, aportará menos, basado en su condición de vida”.

La carnetización de la población civil es otra de las exigencias del grupo armado, cuyo propósito es tener caracterizadas a todas las personas que se mueven por los territorios y así ostentar el control de cada uno de los movimientos.

“El carnet comunal solo tendrá vigencia de seis meses, en el entendido de que cada persona participe de manera activa en los procesos comunales y, de esta forma, evitar el paso de tiempo para la inclusión de personal desconocido”, dijeron las Farc.

Uno de sus lineamientos es que, en dado caso de que llegue un visitante, este deberá ser presentado por la familia anfitriona ante una junta de acción comunal para que se haga el debido registro por el tiempo específico en el que permanecerá.

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