En una medida controvertida, a partir del 1 de julio, las compañías de más de 25 empleados en Florida estarán obligadas a verificar el estatus legal de las personas a las que deseen emplear a través de una base de datos federal.

Aquellas empresas que ignoren esta obligación y contraten a trabajadores extranjeros en situación irregular se enfrentarán a multas significativas. Esta nueva legislación ha generado preocupación entre diversos sectores, ya que podría tener graves consecuencias económicas.

Según el laboratorio de ideas Migration Policy Institute, en Florida residen alrededor de 772 mil migrantes indocumentados, quienes desempeñan roles fundamentales en sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería. La implementación de esta ley podría impedir que continúen trabajando, lo cual tendría un impacto negativo en la economía estatal.

Samuel Vilchez, director para Florida de la American Business Immigration Coalition, una asociación empresarial que busca la integración de los migrantes en la economía, advierte que esto afectaría a las empresas al limitar la creación de empleos, la generación de ingresos y la prestación de servicios.

La oenegé Florida Policy Institute estima que la nueva ley podría ocasionar pérdidas anuales de hasta US$12.6 mil millones en la economía estatal, al reducir la mano de obra, los gastos de los migrantes indocumentados y los impuestos que estos pagan. Aunque la ley aún no ha entrado en vigor y no obliga a denunciar la presencia de extranjeros en situación irregular, ya se observan consecuencias en los lugares de trabajo debido a la incertidumbre generada por el cambio legal.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha respaldado esta ley como una medida necesaria para reducir la delincuencia y el narcotráfico asociados, según él, a la llegada de migrantes indocumentados. Sin embargo, su postura ha sido objeto de críticas.

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Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), una influyente organización de derechos civiles que defiende los intereses de los hispanoamericanos, calificó la nueva ley como «hostil y peligrosa». García advirtió a los latinos que viajan a Florida que tengan precaución al encontrarse con la policía, acusando a DeSantis de tratar a los inmigrantes como criminales.

LULAC afirma que las industrias de la construcción, los restaurantes y la agricultura en Florida sufrirán daños económicos significativos debido a esta nueva ley, ya que dependen en gran medida de los trabajadores inmigrantes. Además, destacan que la normativa impondrá cargas éticas injustas a los proveedores de atención médica, al requerirles rastrear y rechazar a pacientes que no puedan demostrar su estatus legal en Estados Unidos.

La implementación de esta ley ha desencadenado un intenso debate sobre la inmigración y sus implicaciones económicas y sociales en el estado de Florida. A medida que se acerca la fecha límite, el futuro de miles de trabajadores y el panorama empresarial se encuentran en vilo, mientras los defensores y opositores de esta legislación continuan su lucha.

Redacción DHH con información pública de EFE.

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