Artículo de opinión del analista político y periodista Edward Rodriguez sobre la reivindicación que tiene en estos momentos la propuesta de Juan Guaidó para Venezuela.
02/10/2026. Aunque parezca insólito y una ironía de la historia reciente, el tan cacareado y maltratado “mantra” de Juan Guaidó: “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”; del que tantos normalizadores se burlaron, parece encontrar en los hechos iniciados la madrugada del pasado 3 de enero la única ruptura real del régimen chavista-madurista en Venezuela.
Ese día se produjo, en efecto, un “cese de la usurpación”. La determinación del presidente de EEUU, Donald Trump, logró esta vez lo que en 2019 no fue posible por múltiples razones. Aunque el entonces mandatario estadounidense ya contemplaba el uso de la fuerza en aquel momento, su Secretario de Defensa, Mark Esper, se opuso, y la pandemia mundial del COVID-19 en 2020 terminó por sepultar cualquier mínima posibilidad.
La madrugada del 3 de enero ocurrió lo impensable: la salida del poder de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Y ahora comienza a avanzar una presidencia encargada que bien puede denominarse “gobierno de transición”, segundo momento del mantra del interinato de Guaidó.
Que a algunos les guste o no llamar a Delcy Rodríguez “Presidenta interina” o “encargada de la transición” es, en el fondo, irrelevante. Para mí, ella ocupa ese cargo. Y como la política es el manejo de la realidad, lo es de facto. Así lo habría decidido Trump en octubre de 2024, según la información manejada por Juan Diego Quesada, exjefe de la corresponsalía del diario El País de España en los países andinos, quien lo comentó en una entrevista para el canal de TV EVTV Miami.
Queda pendiente el tercer y último momento del mantra de Guaidó: “elecciones libres”. Es una meta por la que debe lucharse para que se concrete en 2026. Hoy nos encontramos, según el plan del Secretario de Estado de EEUU, Marcos Rubio, en la etapa de recuperación, con la Ley de amnistía en proceso y la liberación de todos los presos políticos como objetivo inmediato.
Este proceso de transición no puede entenderse únicamente como un relevo de nombres en el poder. Implica, necesariamente, la reconstrucción de la institucionalidad devastada durante más de dos décadas de autoritarismo, corrupción y captura del Estado. Sin reglas claras, sin contrapesos reales y sin un árbitro electoral confiable, cualquier intento de normalización sería apenas una prolongación maquillada del pasado reciente.
Por ello, la comunidad internacional debe mantenerse vigilante y comprometida. No basta con reconocer autoridades o levantar sanciones de manera automática; se requiere un acompañamiento firme que condicione cada avance político a resultados verificables: justicia transicional, garantías para la participación política y un sistema electoral que devuelva la confianza a una ciudadanía exhausta.
La salida de Maduro debe traducirse en un cronograma electoral para este mismo año, que garantice la estabilidad política y económica del país y, por supuesto, el reencuentro de todos los venezolanos.
Debe darse también un pacto mínimo y urgente, sustentado en un único fundamento inquebrantable: el respeto a la Constitución. No a una interpretación facciosa de ella, sino a su letra y a su espíritu como único terreno común posible.
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Por el lado opositor, se impone una alineación inmediata en torno a un objetivo común, respetando el liderazgo de cada quien, que permita, en el menor tiempo posible, el retorno de la democracia.
Y es aquí donde el viejo mantra de Guaidó deja de ser consigna para convertirse en hoja de ruta. No era ingenuidad ni voluntarismo: era una secuencia lógica de salida al colapso institucional. El problema no fue el diagnóstico, sino la falta de condiciones internas y externas para ejecutarlo en su momento.
Como decía Teodoro Petkoff, “en política lo importante no es tener la razón, sino que te la den”. Hoy, paradójicamente, la historia parece estar concediéndosela a destiempo a quienes la sostuvieron cuando pocos querían escuchar.
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